Rutas deterioradas: el costo invisible que también paga el Sistema de Salud
La desinversión en mantenimiento vial no se limita al deterioro de caminos, baches o banquinas. En nuestro país, el progresivo deterioro de las rutas nacionales también tiene un impacto directo sobre el sistema sanitario, al incrementar el riesgo de siniestros, multiplicar las lesiones graves y generar una demanda adicional de atención, rehabilitación y recursos hospitalarios.
Un informe elaborado a partir de fuentes oficiales y organizaciones de la sociedad civil advierte sobre una fuerte caída de la inversión y la ejecución presupuestaria vial entre 2023 y 2025. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la ejecución de la Dirección Nacional de Vialidad cayó 72% durante ese período. En paralelo, distintos relevamientos estiman un deterioro significativo de la red: el Instituto Argentina Grande señala que el 29% de las rutas nacionales se encuentra en mal estado, mientras que FEPEVINA (Federación del Personal de Vialidad Nacional), ubica en 70% la proporción de la red en condiciones regulares o malas.
El deterioro de la infraestructura puede convertirse así en un problema de salud pública. Baches, desniveles, banquinas deficientes, falta de señalización y obras inconclusas aumentan las condiciones de riesgo y pueden favorecer maniobras bruscas y colisiones. En 2024, la Agencia Nacional de Seguridad Vial registró preliminarmente 3.894 víctimas fatales en rutas nacionales. El informe también advierte que no existen nuevas cifras oficiales nacionales consolidadas sobre siniestralidad en rutas desde marzo de 2025.
Pero detrás de cada fallecimiento existe además un universo de personas lesionadas que requiere atención médica. Por cada muerte en una colisión vial, dos personas pueden quedar con secuelas graves que afectan su vida laboral y social. A esto se suma que los siniestros viales ocupan camas hospitalarias, demandan intervenciones quirúrgicas, tratamientos de rehabilitación y recursos profesionales, generando presión sobre servicios que ya enfrentan restricciones presupuestarias.
El impacto también es económico. FEPEVINA estima que cada siniestro vial representa un costo promedio superior a US$62.000 por víctima, incluyendo atención sanitaria, intervención policial y judicial. Además, la siniestralidad vial representa alrededor del 1,4% del PBI según esa fuente.
La conclusión es clara: postergar el mantenimiento vial no elimina el gasto, sino que puede trasladarlo hacia otras áreas del Estado. La cadena va desde la subejecución presupuestaria y el deterioro de la infraestructura hasta una mayor exposición al riesgo, más lesiones y una creciente demanda de atención sanitaria.
El informe aclara, sin embargo, que el estado de las rutas no explica por sí solo la siniestralidad: factores humanos continúan teniendo un peso central. Pero la infraestructura constituye un factor agravante que, cuando se deteriora, puede transformar una falla de conducción en un accidente de consecuencias mucho más graves.
