El Gobierno amplió las competencias del Ministerio de Salud: ludopatía, alimentos y cosmética entre los nuevos ejes
El Poder Ejecutivo publicó este viernes en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 771/2026, firmado por el presidente Javier Milei junto a su gabinete, que modifica la Ley de Ministerios N° 22.520 y reorganiza competencias sanitarias entre las carteras de Salud y Economía. La medida entró en vigencia desde su dictado y deberá ser revisada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, tal como exige el procedimiento previsto para los DNU.
El cambio más novedoso es la incorporación formal de la ludopatía a la agenda de salud pública. El decreto establece que el Ministerio de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas de prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía vinculada a juegos de azar y apuestas, equiparándola en su tratamiento a otros consumos problemáticos. El texto describe a la ludopatía como un trastorno médico reconocido que genera pérdida de control, afecta la salud mental y perjudica la economía personal y familiar, además del desempeño educativo y laboral.
La decisión se apoya en datos del Observatorio Argentino de Drogas, dependiente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas del propio Ministerio de Salud. Según ese organismo, más de una cuarta parte de los estudiantes secundarios declaró haber apostado dinero durante el último año, con una prevalencia notablemente mayor entre quienes usan plataformas digitales, lo que (de acuerdo con las autoridades), motivó el cambio de enfoque tras detectarse un aumento de casos entre adolescentes durante 2025.
En paralelo, el decreto redefine el reparto de tareas en materia alimentaria: Salud pasa a ejercer la rectoría y normatización general sobre alimentos, mientras que Economía concentra la fiscalización sanitaria de toda la cadena agroalimentaria (producción, transporte, comercialización, importación y exportación). También se acota la intervención de Salud sobre productos de higiene, tocador, cosmética humana y de uso doméstico a la determinación de sustancias prohibidas o de uso condicionado, en coordinación con otros ministerios.
Varios medios coincidieron en describir la norma como un intento de ordenar superposiciones administrativas heredadas de sucesivas reformas a la Ley de Ministerios. El Gobierno sostiene que la reorganización no genera vacíos regulatorios, sino una distribución más clara de responsabilidades entre las carteras involucradas.
