PROMESA cumple un año: opiniones sobre el mecanismo que evita ir a juicio por reclamos de Salud
A un año de su implementación, el mecanismo de mediación prejudicial en salud PROMESA fue evaluado en un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde funcionarios y representantes del sector repasaron sus resultados. La herramienta, impulsada por los ministerios de Salud y Justicia junto a la Superintendencia de Servicios de Salud, ofrece una vía rápida, voluntaria y gratuita para resolver conflictos de acceso a prestaciones médicas sin pasar por tribunales.
El ministro de Salud, Mario Lugones, remarcó que las urgencias sanitarias no pueden depender de una cautelar judicial, mientras que su par de Justicia, Juan Bautista Mahiques, valoró que exista ahora un espacio propio para consensuar soluciones antes de litigar. El superintendente Claudio Stivelman calificó a PROMESA como una pieza clave para frenar la judicialización creciente del sistema.
Creada por el DNU 379/2025, la herramienta exhibe cifras auspiciosas: 17 días de plazo promedio de resolución, acuerdos en el 44,9% de los casos, presencia en 19 de las 24 jurisdicciones y casi 2.000 mediadores capacitados.
En cuanto a la mirada de los regulados, referentes de obras sociales y prepagas coincidieron en respaldar el mecanismo, aunque plantearon que todavía queda camino por recorrer. Facundo Rodríguez, gerente general de OSDEPYM, definió a PROMESA como un puntapié inicial para generar consensos que permitan políticas públicas acordes a la realidad de todos los actores del sector salud, y planteó la necesidad de avanzar hacia una canasta prestacional más clara y hacia la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias.
En otro encuentro reciente sobre la evolución del sistema, el propio Stivelman había señalado ante representantes de obras sociales que el actual Plan Médico Obligatorio necesita una revisión de fondo, dado que los tratamientos de altísimo costo ya absorben más del 40% de la recaudación de muchas entidades y comprometen la cobertura de las prestaciones básicas.
Desde OSDE, Máximo Fonrouge participó en representación de las entidades de medicina prepaga, mientras que Adrián Balbín, de FEMECOM, expuso la mirada de las asociaciones de profesionales. El denominador común entre los financiadores del sistema es que celebran la reducción de la litigiosidad, pero insisten en que la sostenibilidad de largo plazo exige además una actualización normativa del PMO.
La nueva etapa de PROMESA apunta a transformar lo aprendido en mejoras concretas: más generación de información, ampliación del acceso y refuerzo de la formación de mediadores.
