PAMI: recambio de funcionarios, disputa de poder y una crisis financiera que condiciona la gestión
El PAMI atraviesa un nuevo reacomodamiento interno que combina cambios en su estructura ejecutiva, tensiones políticas dentro del Gobierno y una delicada situación financiera que continúa afectando a prestadores y afiliados.
La salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva y de Florencia Zicavo de la sindicatura abrió una nueva etapa en el organismo que brinda cobertura a más de cinco millones de jubilados y pensionados. Montero fue reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, abogada y escribana que anteriormente estuvo al frente de la Unidad de Gestión Local del PAMI en San Martín. Zicavo, en tanto, dejó su cargo por motivos personales y todavía no se había definido su reemplazante.
El dato político más relevante del recambio fue la presencia de Santiago Caputo durante la presentación de Pérez. El asesor presidencial acompañó personalmente a la nueva coordinadora ejecutiva, una señal que fue interpretada como una ratificación de su influencia sobre el área sanitaria del Gobierno.
La presencia de Caputo adquiere especial relevancia porque desde distintos sectores del oficialismo circulan versiones sobre un eventual corrimiento del asesor del centro de la escena, en el marco de su prolongada disputa interna con el sector que responde a Karina Milei. Su intervención en la designación de la nueva funcionaria, sin embargo, muestra que mantiene capacidad de incidencia en decisiones estratégicas dentro del PAMI y, más ampliamente, en el área de Salud.
El recambio también se produce después de semanas de tensión entre funcionarios del organismo. La conducción encabezada por Esteban Leguizamo había expresado preocupación por la presencia de funcionarios que eran percibidos internamente como una suerte de instancia de intervención sobre la gestión. Esa situación alimentó una pregunta política de fondo: quién tiene la última palabra en las decisiones del PAMI.
Pero detrás de la disputa por el poder aparece un problema todavía más concreto: las cuentas del organismo. En mayo, el Gobierno autorizó una asignación de $580.000 millones para afrontar compromisos acumulados con proveedores y prestadores, luego de reconocer la situación financiera crítica del instituto.
El auxilio, sin embargo, no resolvió completamente las dificultades. Durante los últimos meses, distintas clínicas e instituciones denunciaron retrasos en los pagos y algunas llegaron a suspender temporalmente prestaciones para los afiliados.
El Gobierno sostiene que los nuevos funcionarios deberán profundizar el proceso de reordenamiento y mejorar la eficiencia de una estructura que requiere asistencia financiera. En ese escenario, también se analiza continuar con los retiros voluntarios, mientras persiste el interrogante sobre eventuales reducciones adicionales de personal.
Así, el desafío para el PAMI excede el recambio de nombres. La nueva conducción deberá administrar una organización estratégica para el sistema sanitario nacional, garantizar la atención de millones de jubilados y, al mismo tiempo, resolver un desequilibrio financiero que sigue demandando recursos públicos.
La llegada de Pérez, respaldada públicamente por Caputo, agrega además una dimensión política: mientras la crisis asistencial y financiera exige respuestas urgentes, la disputa por el control y la orientación del organismo continúa abierta.
