Menos nacimientos, menos salas: el repliegue silencioso de las maternidades en el país
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En los últimos años se consolida una paradoja difícil de soslayar: mientras el discurso político reivindica la familia y promueve la natalidad, el sistema sanitario, público y privado, reduce progresivamente las salas donde se producen los nacimientos. El proceso no es aislado ni coyuntural. Tiene correlato estadístico, impacto territorial y consecuencias concretas para miles de mujeres.
El episodio más reciente ocurrió en Rivadavia, Mendoza. El Ministerio de Salud provincial dispuso el cierre del área de maternidad del histórico hospital Carlos Saporiti para reconvertirla en un servicio de salud mental. La medida generó movilizaciones vecinales, denuncias de vaciamiento y advertencias de acciones judiciales. Sin embargo, el caso mendocino no constituye una excepción, sino la manifestación visible de una tendencia nacional.
Los datos demográficos explican buena parte del fenómeno. En la última década, la tasa de natalidad cayó alrededor de un 40%. En 2024 se registraron 413.135 nacimientos, frente a más de 777.000 en 2014. La provincia de Buenos Aires reportó en 2025 una reducción superior al 50% respecto de 2020, mientras que la Ciudad de Buenos Aires alcanzó su mínimo histórico.
La caída sostenida del volumen de partos impacta en la ecuación sanitaria. Mantener una maternidad operativa exige guardia obstétrica y anestésica permanente, neonatología equipada y equipos especializados. Con menor demanda, los costos fijos se tornan más difíciles de sostener y, según diversos estudios, los servicios de bajo volumen pueden presentar mayores tasas de intervenciones como cesáreas y menor entrenamiento práctico de los profesionales.
La respuesta estructural ha sido la concentración. En Mendoza, los partos se derivan a centros de referencia. En el AMBA, instituciones privadas cerraron o redujeron sus áreas obstétricas y algunos hospitales públicos readecuaron espacios hacia pediatría u otras especialidades.
La racionalidad económica y clínica resulta evidente. El desafío es territorial: en grandes centros urbanos, la centralización puede optimizar recursos; en zonas rurales o periféricas, cada kilómetro adicional incrementa el riesgo ante una emergencia obstétrica.
El debate excede el cierre de salas. Lo que se redefine es el modelo de atención perinatal y la organización federal de un sistema de salud tensionado por una transición demográfica más veloz que las respuestas de política pública.
