La Justicia levantó la intervención y restituyó a las autoridades de OSPRERA
La obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Osprera, volvió a quedar bajo control de sus autoridades electas luego de que la Justicia federal pusiera fin a la intervención que se extendió por más de un año. La decisión fue adoptada por el juez Sebastián Casanello, quien dejó sin efecto una medida cautelar que había apartado a su titular, José Voytenco, y al directorio, en el marco de una prolongada disputa judicial y política.
El magistrado evaluó que las condiciones excepcionales que habían justificado la intervención ya no se mantenían en la misma magnitud. En su resolución, sostuvo que si bien la situación de la obra social no alcanzó una regularización plena, el escenario crítico inicial se había superado de manera sustancial, por lo que no resultaba necesario prolongar el desplazamiento de sus autoridades.
Como parte de la transición, Casanello ordenó al Ministerio de Salud que designe un veedor temporal para garantizar un traspaso ordenado de la gestión. Además, intimó al interventor designado por el Gobierno, Marcelo Petroni, a presentar un informe final sobre el estado financiero y administrativo de Osprera.
La resolución se inscribe en una interna sindical de alto voltaje y en una puja más amplia por el control de una de las obras sociales con mayor peso económico y territorial del país. Por las cuentas de la Uatre circulan unos 4.000 millones de pesos mensuales y, en el caso de Osprera, alrededor de 10.000 millones. Con presencia en más de 560 seccionales, el gremio es considerado estratégico por distintos espacios políticos.
Desde la obra social celebraron el fallo y cuestionaron duramente la intervención estatal, a la que atribuyeron perjuicios institucionales y económicos para los afiliados. También denunciaron presuntas irregularidades durante ese período.
La Superintendencia de Servicios de Salud, en cambio, defendió los resultados de la intervención. Según sus informes, se logró reducir el déficit mensual de la obra social y achicar la estructura administrativa, con una disminución significativa de personal.
En su fallo, Casanello remarcó que los sindicatos y sus obras sociales cuentan con una protección jurídica especial y señaló que las sospechas de delitos financieros que motivaron parte de las medidas no pasaron de una hipótesis. En consecuencia, dispuso el levantamiento de la intervención y el descongelamiento de las cuentas del dirigente restituido, cerrando un capítulo clave de un conflicto que combinó gestión sanitaria, poder sindical y disputa política.
