La derecha latinoamericana enfrenta un desafío común: qué modelo de Salud ofrecer
El avance de gobiernos y dirigentes de derecha en América Latina abre una discusión que excede la economía y la política exterior: qué modelo sanitario están dispuestos a sostener. Una eventual cumbre regional impulsada por Javier Milei encontraría sistemas de salud muy diferentes, con una coincidencia central: ninguno logró resolver por completo los problemas de acceso, financiamiento y desigualdad.
Chile, bajo la conducción de José Antonio Kast, presenta uno de los modelos más desarrollados de convivencia entre Estado y mercado. FONASA concentra la mayor parte de la cobertura, mientras las ISAPRE mantienen un importante papel en el sector privado. El desafío pasa por reducir las brechas de acceso y resolver los problemas de costos, financiamiento y tiempos de atención sin desarticular el sistema mixto.
Paraguay enfrenta una situación diferente. La coexistencia entre el Ministerio de Salud, el Instituto de Previsión Social y el sector privado genera una fuerte fragmentación. El elevado gasto de bolsillo constituye uno de los principales obstáculos para avanzar hacia una cobertura más equitativa.
En Perú, donde Keiko Fujimori representa una alternativa de derecha, más del 90% de la población cuenta con cobertura pública a través del SIS y EsSalud. Sin embargo, la fragmentación continúa siendo un problema estructural y alimenta el debate sobre una eventual integración de los subsistemas.
Ecuador, con Daniel Noboa, combina la red pública del Ministerio de Salud con los sistemas de seguridad social y las Fuerzas Armadas y policiales, además de prestadores privados. La dificultad reside en coordinar estructuras que históricamente funcionaron de manera diferenciada.
Colombia constituye uno de los casos más complejos. El sistema de EPS atraviesa una profunda transformación que busca otorgar mayor peso a la atención primaria y a la gestión territorial. El resultado de esa reforma podría convertirse en una referencia para otros países de la región.
Panamá, bajo José Raúl Mulino, avanza en sentido contrario a una eventual privatización: procura integrar los servicios del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social para reducir la fragmentación. Bolivia, por su parte, mantiene el Sistema Único de Salud, que amplió el acceso gratuito y convive con la seguridad social.
En El Salvador, Honduras y República Dominicana también persisten modelos predominantemente públicos o mixtos, aunque con distintos niveles de participación privada y fuertes debates sobre eficiencia, financiamiento y regulación.
El mapa demuestra que derecha política no equivale necesariamente a privatización sanitaria. Las diferencias históricas, institucionales y fiscales pesan más que la etiqueta ideológica.
Por eso, si Milei busca construir una agenda sanitaria regional, la discusión difícilmente pueda reducirse a Estado versus mercado. Los verdaderos desafíos son otros: garantizar cobertura efectiva, reducir el gasto de bolsillo, mejorar la atención primaria, integrar sistemas fragmentados y asegurar la sostenibilidad financiera.
La Salud podría convertirse así en uno de los terrenos donde la nueva derecha latinoamericana deba demostrar si puede transformar una identidad política común en políticas públicas concretas.
