Hospitales Publicos: Nación reglamentó el cobro a extranjeros y profundiza un mapa ya fragmentado en el país
El Ministerio de Salud de la Nación oficializó esta semana, a través de la Resolución 1066/2026, el procedimiento para cobrar la atención médica no urgente a extranjeros sin residencia permanente en los hospitales que dependen del Estado nacional. La medida, que reglamenta el DNU 366/2025, entra en vigencia este miércoles y establece que quienes no acrediten residencia deberán pagar el arancel por adelantado o presentar un seguro de salud válido, mientras que las emergencias seguirán atendiéndose sin restricciones para cualquier persona.
Sin embargo, el alcance real de la norma es más acotado de lo que sugiere el anuncio: solo cinco establecimientos, entre ellos el Posadas, el Sommer y el Ramón Carrillo, quedan comprendidos dentro de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud. La inmensa mayoría de los hospitales públicos del país responde a las provincias, y ahí el Gobierno nacional no tiene margen de acción: la salud es una competencia que la Constitución reserva a las jurisdicciones locales.
De hecho, la resolución llega tarde respecto de buena parte del país. Salta fue la primera en arancelar la atención a extranjeros, en 2024, y según su Ministerio de Salud la consulta de no residentes cayó cerca de un 95% desde entonces. Jujuy, Mendoza y Santa Cruz siguieron el mismo camino ese mismo año, y en marzo de 2025 se sumó la Ciudad de Buenos Aires, que solo en 2025 recaudó más de 110.000 millones de pesos por este concepto, según cifras oficiales porteñas.
El resultado es un mosaico normativo: mientras Nación ordena el criterio para sus cinco efectores, cada provincia define su propio esquema, con distintos criterios de exención y distintos valores de arancel. Provincia de Buenos Aires, que concentra la red hospitalaria más grande del país, todavía no cobra a extranjeros no residentes, aunque hay un proyecto en danza en su Legislatura. Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Neuquén también analizan sumarse, sin definiciones aún.
La resolución nacional, entonces, no inaugura una política sino que la sistematiza para un segmento reducido del sistema sanitario. El debate de fondo (cuánto puede sostener el sistema público frente a la demanda de pacientes extranjeros y cómo garantizar el acceso sin discriminar en las urgencias) seguirá dependiendo, en la práctica de 24 decisiones provinciales distintas, antes que de una sola norma nacional.-
