Hormonización y cirugías: el debate que reavivó Clara Muzzio y enfrenta posturas médicas, jurídicas y de DDHH
Las declaraciones de la vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, volvieron a colocar en el centro de la agenda uno de los temas más sensibles vinculados a la identidad de género: el acceso de menores de 18 años a tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas de afirmación de género.
A través de una publicación en la red social X, la funcionaria respaldó la decisión del Gobierno nacional de restringir estas prácticas para menores de edad y afirmó que se trata de una medida destinada a proteger a niños y adolescentes frente a procedimientos que consideró irreversibles. Sus dichos se enmarcan en el Decreto 62/2025, que modificó la reglamentación de la Ley de Identidad de Género e impidió el acceso de menores a tratamientos hormonales y cirugías de reasignación sexual.
Uno de los respaldos institucionales a esa postura provino de la Academia Nacional de Medicina. En una declaración aprobada por su plenario en septiembre de 2025, la entidad sostuvo que no avala el uso de bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales ni intervenciones quirúrgicas de transición de género en menores de 18 años. El documento fundamenta esa posición en razones éticas y científicas, señalando que la evidencia disponible aún presenta incertidumbres sobre los efectos físicos y psicológicos a largo plazo y que estos procedimientos pueden tener consecuencias irreversibles. Además, recomienda priorizar un abordaje interdisciplinario con acompañamiento psicológico y familiar.
Sin embargo, esa visión no representa un consenso absoluto dentro de la comunidad científica internacional. Organizaciones como la World Professional Association for Transgender Health (WPATH) sostienen que la atención de adolescentes con disforia de género debe evaluarse de manera individual, mediante equipos multidisciplinarios especializados y protocolos clínicos estrictos. Desde esa perspectiva, cuestionan las prohibiciones generales basadas exclusivamente en la edad y consideran que las decisiones deben responder a cada situación clínica particular.
En el mismo sentido se pronunciaron organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que cuestionaron las restricciones al considerar que limitan derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género y por tratados internacionales ratificados por la Argentina. También advirtieron que impedir el acceso a tratamientos médicamente indicados podría afectar la salud física y mental de adolescentes trans.
El escenario permanece abierto también en el plano judicial. Diversas presentaciones cuestionan la constitucionalidad del Decreto 62/2025, mientras algunos tribunales ya dictaron medidas cautelares en casos particulares. De este modo, el debate trasciende el plano político y refleja una discusión internacional en evolución, donde convergen evidencia científica, bioética, derechos humanos y el principio de protección integral de niños, niñas y adolescentes.
En ese contexto, las declaraciones de Clara Muzzio reactivaron una controversia que continúa lejos de resolverse. Mientras algunos sectores sostienen que debe prevalecer el principio de precaución frente a intervenciones potencialmente irreversibles, otros consideran que las restricciones generales pueden vulnerar derechos y obstaculizar el acceso a tratamientos que, bajo evaluación médica especializada, forman parte de la atención integral de determinados adolescentes. La discusión, lejos de estar saldada, sigue desarrollándose tanto en el ámbito científico como en el jurídico y el sanitario.
