Disolución de la ANDIS e integración al Ministerio de Salud: Cambios clave en un sector delicado
El Poder Ejecutivo Nacional avanzó con una reconfiguración significativa del sistema sanitario público a través de los Decretos 192/2026 y 193/2026, publicados en el Boletín Oficial. Las normas introducen cambios estructurales en organismos dependientes del Ministerio de Salud y redefinen áreas estratégicas vinculadas a investigación, discapacidad y administración de fondos específicos.
El Decreto 192/2026 establece la disolución del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales, organismo que funcionaba bajo la órbita de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”. La medida dispone además la fusión y reorganización de diversas unidades técnicas, entre ellas el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-Epidemias y el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario F. Fatala Chaben”, con el objetivo declarado de optimizar recursos y evitar superposiciones administrativas.
Según el texto oficial, la reestructuración apunta a mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la coordinación científica y racionalizar la estructura organizativa de la administración pública nacional en materia sanitaria. El Gobierno sostiene que la integración de áreas permitirá consolidar capacidades técnicas y agilizar procesos internos.
Por su parte, el Decreto 193/2026 introduce modificaciones en la estructura del Ministerio de Salud, particularmente en áreas vinculadas a discapacidad y rehabilitación. La norma contempla la creación del Consejo de Articulación de Programas para Personas con Discapacidad, organismo que tendrá a su cargo la administración y definición de lineamientos del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS).
Asimismo, el decreto dispone la reasignación y homologación de cargos, la supresión de determinadas unidades organizativas y la actualización del nomenclador de funciones dentro del sistema público de salud. Desde el Ejecutivo argumentan que las medidas buscan fortalecer la gestión y dotar de mayor coherencia institucional a políticas consideradas prioritarias.
Las disposiciones ya se encuentran en vigencia y forman parte de un proceso más amplio de revisión del aparato estatal impulsado por la actual administración.
