Críticas desde la UBA en pleno debate del Presupuesto 2026: recortes en salud, vulneración de leyes clave y tensión legislativa
La Universidad de Buenos Aires (UBA) intensificó este jueves sus advertencias sobre el impacto del Presupuesto Nacional 2026, en medio de la discusión en particular en la Cámara de Diputados. La casa de estudios aseguró que los recortes incluidos en la propuesta oficial representan una reducción cercana al 30% en fondos reales para sus hospitales universitarios, lo que comprometería la atención sanitaria y servicios de alta complejidad brindados por centros como el Hospital de Clínicas, el Instituto Roffo y el Lanari.
La controversia tomó un giro adicional durante la sesión de hoy, cuando el oficialismo intentó avanzar con un artículo dentro del proyecto de ley que propone derogar dos normas aprobadas este año por el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793). Estas leyes, que habían sido sancionadas y promulgadas tras rechazar vetos presidenciales, buscan garantizar recursos crecientes para la educación superior pública y medidas presupuestarias prioritarias para personas con discapacidad.
El artículo 75 del dictamen sometido a votación proponía dejar sin efecto ambas leyes, integrándolas en la “ley de leyes” del presupuesto, lo que generó críticas de sectores de la oposición y organizaciones sociales. Sin embargo, según el desarrollo de la sesión de este jueves, la iniciativa oficial para derogar estas normas no consiguió los votos necesarios en la votación en particular, con rechazos relevantes de legisladores que consideraron que se vulnera el marco legal y derechos adquiridos.
La UBA, a través de su Consejo Superior, enfatizó que la combinación de recortes presupuestarios, la amenaza a la continuidad de la ley de financiamiento y el contexto inflacionario afecta no solo la operatividad de sus hospitales, sino también las condiciones laborales de docentes, no docentes y personal científico. El organismo denunció una caída sostenida del poder adquisitivo que, de no revertirse, profundiza lo que definieron como un estado de “emergencia presupuestaria y social”.
La discusión parlamentaria continuará en las próximas horas y días, con el objetivo de lograr media sanción de la ley de presupuesto 2026 en Diputados, mientras sectores académicos y organizaciones de discapacidad mantienen la alerta sobre posibles retrocesos normativos y su impacto en servicios esenciales.
