Venta de medicamentos en supermercados: debate que enfrenta a farmacéuticos y desreguladores
La posibilidad de que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse en supermercados vuelve a instalarse en el centro de la agenda política. El Gobierno nacional prepara un proyecto de ley de desregulación que busca otorgar respaldo legislativo a una reforma que ya había intentado impulsar mediante el DNU 70/2023 y normas posteriores, pero cuya aplicación quedó parcialmente frenada por decisiones judiciales.
La iniciativa propone ampliar los canales de venta para determinados medicamentos de venta libre, con el argumento de incrementar la competencia, facilitar el acceso de los consumidores y contribuir a una eventual reducción de precios. La propuesta también contempla profundizar la comercialización digital con entrega a domicilio.
Sin embargo, el proyecto reaviva una de las discusiones más sensibles del sistema sanitario nacional: si los medicamentos deben seguir siendo considerados un bien sanitario cuya dispensación requiere la intervención del farmacéutico o si, tratándose de productos de venta libre, pueden comercializarse como cualquier otro artículo de consumo.
Las principales entidades farmacéuticas ya adelantaron su rechazo. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) sostiene que incluso los medicamentos de venta libre requieren un uso responsable y advierte que la intervención profesional constituye una herramienta de prevención frente a errores de automedicación, interacciones farmacológicas y efectos adversos. Además, recuerda que la legislación vigente históricamente vinculó la dispensa de medicamentos con el ámbito de las farmacias habilitadas.
En la misma línea, la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA) considera que exhibir medicamentos como productos de góndola puede incentivar un consumo irreflexivo y transformar un insumo sanitario en una mercancía de consumo masivo. La entidad también sostiene que la liberalización no garantiza una baja de precios, ya que las farmacias no son las formadoras del valor de los medicamentos y que, por el contrario, podría debilitar el modelo sanitario basado en la atención farmacéutica.
Desde el Gobierno, en cambio, la postura apunta a eliminar restricciones consideradas innecesarias. La administración nacional sostiene que ampliar los puntos de venta favorecería la competencia entre comercios, ofrecería más opciones para los consumidores y facilitaría el acceso a medicamentos de uso frecuente, manteniendo limitaciones para los productos que requieren receta médica.
El debate también tiene antecedentes judiciales. Diversos artículos del DNU 70/2023 fueron suspendidos cautelarmente tras presentaciones impulsadas por entidades farmacéuticas, mientras que distintos fallos han reafirmado la importancia del control profesional en la dispensa de medicamentos.
Ahora será el Congreso el escenario donde volverán a enfrentarse dos modelos claramente diferenciados: uno que prioriza la desregulación y la apertura comercial como mecanismo para mejorar el acceso, y otro que sostiene que, aun cuando sean de venta libre, los medicamentos no pueden equipararse a un producto de consumo común, sino que requieren controles sanitarios y asesoramiento profesional para proteger la seguridad de los pacientes.
