Una oficina de la FDA y la condición electoral: la Salud nacional se alinea con Washington
El martes, en el foro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham), el embajador Peter Lamelas anunció que la FDA podría abrir una oficina en el país en 2027. Al cierre, el ministro de Salud, Mario Lugones, lo confirmó: la idea surgió en conversaciones con el secretario Robert Kennedy y, según dijo, “veníamos trabajando en eso”. Aclaró que no le correspondía a él anunciarlo, porque la FDA es de Kennedy.
La frase dice mucho sobre el vínculo. No se trata solo de cooperación técnica, sino de una agenda bilateral con tres patas: el acuerdo comercial firmado en febrero, que Lamelas quiere ver “plenamente aprobado e implementado”, la oficina de la FDA y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
Esta última fue la exigencia más explícita del embajador. Lamelas recordó que las farmacéuticas de Amcham prometieron invertir US$8000 millones en investigación en los próximos años y, a continuación, sostuvo que hay que proteger las patentes y los datos regulatorios en redes “confiables, seguras, con reglas claras y sin demora”. La conclusión fue un reclamo directo al Congreso: completar la adhesión. Sin decir que las inversiones dependan de ello, las presentó en el mismo bloque, como un paquete. Lugones respondió que el Ejecutivo hizo su parte y que la decisión está en manos del Poder Legislativo. No se trata de una ley de patentes nueva, sino de la adhesión a un tratado internacional que sigue pendiente en el Congreso.
El momento no es casual. El titular de la ANMAT, Luis Fontana, admitió ante el mismo auditorio que la agencia opera con sistemas y equipamiento precarios. Hace poco más de un mes, la Justicia procesó a las dos exautoridades que controlaban los medicamentos en la causa por el fentanilo contaminado, que investiga al menos 90 muertes. Con el regulador local golpeado en su credibilidad, la FDA funciona como respaldo externo: parte de la confianza se importa.
Ahí entra la segunda pieza. Consultado sobre si logró descentralizar la salud, Lugones respondió que no, y que “hay que reelegir a Milei” para lograrlo. La desregulación queda planteada como un proyecto con horizonte electoral: libre elección, nuevos seguros de salud, revisión del PAMI y las obras sociales, fin de la colegiación obligatoria. Y el cierre fue elocuente: pidió al sector que le diga en qué hay que desregular.
Las lecturas son opuestas. Los defensores sostienen que un marco de patentes y un regulador alineado con la FDA atraen inversión, ensayos clínicos y exportaciones. Los críticos advierten que la adhesión al PCT y la protección de datos regulatorios benefician sobre todo a las compañías extranjeras, que la convergencia no reemplaza las inspecciones locales y que las urgencias del sistema son otras, como las deudas del PAMI con prestadores.
Conviene medir el anuncio con cautela: Lamelas habló en condicional (“podría”) y las inversiones son una promesa empresaria, no un compromiso vinculante. Lo que queda explícito es la apuesta política: que esta orientación necesita continuidad en el poder para consolidarse.
Fuentes:
-La Nación, “No es la agencia que queremos, es la que tenemos”, Fabiola Czubaj, 7/10/2026
-Infobae, “Mario Lugones: ‘Hay que reelegir a Milei para terminar de descentralizar la salud’”, Camila Caruso, 6/10/2026
-iProfesional, conflicto PAMI con prestadores y retraso arancelario (7/9/2026)
