Tensión en Diputados: la renuncia en Discapacidad complica el dictamen sobre la Emergencia
La Cámara de Diputados vive una semana decisiva en torno a la Emergencia Nacional en Discapacidad. Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda debían reunirse este miércoles para avanzar con el dictamen de los proyectos vinculados al sector, cuya convocatoria surge del emplazamiento aprobado por la Cámara baja el pasado 9 de septiembre.
El eje del debate es la iniciativa impulsada por bloques opositores (Unión por la Patria, Provincias Unidas, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Defendamos Córdoba, Argentina Federal y Primero San Luis), para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad, vigente por la Ley 27.793.
El conflicto escaló cuando trascendió que el Poder Ejecutivo había incluido, dentro del proyecto de Presupuesto 2027, una modificación que eliminaba la actualización automática y mensual de los pagos a prestadores según el IPC. La Casa Rosada propuso que «el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales», habilitando a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores de negociación. La medida generó un fuerte cortocircuito entre el Gobierno y sus propios diputados, que se desmarcaron públicamente de la iniciativa.
En ese contexto de conflicto, renunció el titular de la Secretaría de Discapacidad, Alejandro Vilches, un movimiento que profundizó la crisis interna del oficialismo, justo en el momento en que La Libertad Avanza negocia contrarreloj con sus aliados una propuesta propia que definen como una «ley permanente», en reemplazo de la actual emergencia.
De acuerdo con lo reconstruido por distintos medios, esa propuesta oficialista apuntaría a endurecer los requisitos para el otorgamiento de pensiones y a espaciar la actualización de aranceles de las prestaciones a un esquema bimestral (en lugar del mensual vigente), aunque manteniendo el IPC como índice de referencia. Se trataría de un ajuste más moderado que el planteado originalmente en el Presupuesto, pero que en la práctica igualmente implicaría un recorte real para el sector, según fuentes parlamentarias.
Movilizaciones de familiares, prestadores y profesionales del sector acompañaron la discusión fuera del Congreso, reclamando que se garantice la prórroga sin recortes.
Medios consultados:
Hecha la ley, La Nación, Parlamentario, Examedia y Agencia FARCO.
