Sociedad Rural: moderado reclamo de su titular por OSPRERA
En su tradicional discurso de apertura de la 138ª Exposición Rural, con Javier Milei sentado a pocos metros, Nicolás Pino eligió las palabras con pinzas para hablar de uno de los temas más delicados del sector agropecuario: la crisis de Osprera, la obra social de los peones rurales. Lo llamó, apenas, «otro punto disonante».
La moderación fue quirúrgica. El titular de la Sociedad Rural no mencionó al gobierno como responsable directo, no nombró a ningún funcionario y evitó cualquier alusión a la causa judicial que investiga presuntos desvíos millonarios hacia una empresa vinculada al entorno de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y aliado central del oficialismo libertario. Prefirió dirigir su reclamo hacia la UATRE, el gremio de los trabajadores rurales, con quien dijo estar «conversando», como si el problema fuera de gestión sindical antes que de administración estatal.
Pero bajo ese tono contenido asomó una preocupación genuina y difícil de disimular. «Los productores y trabajadores rurales aportamos a ese sistema de salud, pero no recibimos, hoy, la contraparte del servicio médico», señaló, antes de calificar la situación como «absurda». Y cerró con una frase que funcionó como el verdadero centro emocional del pasaje: es preocupante, dijo, tener que «buscar refugio en otras obras sociales teniendo la nuestra, o quedar abandonados, a la buena de Dios».
Esa imagen (el trabajador rural desamparado pese a haber aportado toda su vida), contrasta con la asepsia del resto del discurso. Es el punto donde la diplomacia institucional cede ante la magnitud real del problema.
Lo que Pino no dijo, sí lo documentó la prensa especializada: Osprera lleva dos intervenciones consecutivas desde 2024, ambas justificadas en la promesa de mejorar la cobertura médica, y ambas coincidentes con un deterioro mayor del servicio. En paralelo, la Justicia investiga a una empresa creada meses antes de la primera intervención, que habría facturado consultorías simuladas por cientos de millones de pesos, con reuniones previas en Casa Rosada y vínculos societarios con el círculo íntimo de Martín Menem. En enero, un fallo judicial había ordenado devolver el control de la obra social al gremio, pero el gobierno revirtió esa decisión en marzo.
El resultado es un discurso que denuncia sin acusar, que se indigna sin señalar. Pino puso el problema arriba de la mesa, pero dejó que fuera el silencio, más que las palabras, el que dijera todo lo que no se animó a nombrar.
