Senado Nacional: Nuevo proyecto de reforma en discapacidad con controles en pensiones
El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reformar de manera integral el régimen que regula las pensiones por discapacidad, en medio de una fuerte tensión política por el supuesto incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la desactivación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Bajo el título “Proyecto contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, la iniciativa propone cambios estructurales que, según el Gobierno, buscan desincentivar el acceso injustificado a beneficios estatales y fortalecer los mecanismos de control. Entre las modificaciones más relevantes está la derogación de varios artículos clave de la normativa vigente (incluidos los números 5, 8, 9, 14 y 20), lo que retrotrae el marco legal a una situación anterior a la emergencia.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la implementación de un reempadronamiento obligatorio: todos los titulares de pensiones por invalidez deberán acreditar nuevamente su condición médica, su situación socioeconómica y antecedentes laborales. El trámite será vinculante para conservar el beneficio, y quienes no cumplan con los requisitos podrían enfrentarse a una suspensión automática o incluso la pérdida definitiva de la pensión.
El proyecto también habilita un fiscalización más amplia mediante cruces de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, con la facultad de suspender pagos ante inconsistencias detectadas, aun de manera preventiva, aunque se garantice el derecho a defensa.
En materia económica, la iniciativa fija que la pensión no contributiva representará el 70 % del haber mínimo jubilatorio, pero elimina herramientas que permitían aumentos por invalidez laboral o por zonas desfavorables. Además, introduce la “incompatibilidad absoluta” entre el beneficio y cualquier empleo formal registrado, lo que significaría que una persona con discapacidad dejaría de recibir la pensión si trabaja registrado.
El proyecto también contempla cambios en la gestión de fondos y la negociación con obras sociales, lo que simplifica la estructura de financiamiento y elimina el nomenclador actual para aranceles de prestaciones. Su envío al Senado responde a que el oficialismo considera más accesible conseguir una mayoría favorable en esa cámara, aunque se espera un intenso debate político por el impacto real de estas medidas y su enfoque restrictivo.
