COFESA 2026: Gestión sanitaria y debate por la reforma de Salud Mental
El Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, encabezó este lunes una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) marcada por una agenda dual: los avances en indicadores de prevención y la presentación formal del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, que ya ingresó al Senado de la Nación para su tratamiento.
Durante el encuentro, Lugones destacó que el adelantamiento de la campaña de vacunación antigripal permitió un aumento del 21% en la cobertura del personal de salud respecto a 2025. Se presentó un tablero de control en tiempo real para monitorear el stock provincial y se anunció una nueva etapa del Plan Remediar para mejorar la trazabilidad de medicamentos. Asimismo, se actualizó la situación del chikungunya, con 257 casos concentrados en Salta y Jujuy, reforzando las acciones de bloqueo territorial.
Sin embargo, el clima político se tensó con el ingreso al Congreso de la reforma que modifica 26 artículos de la Ley 26.657 y tres del Código Civil. El proyecto oficialista introduce un cambio semántico y jurídico crucial: reemplaza el criterio de «riesgo cierto e inminente» por el de «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física». Según el Gobierno, esto facilitará las internaciones involuntarias en situaciones críticas, evitando tragedias. Además, la norma amplía el alcance hacia la prevención y rehabilitación, otorgando mayor peso a la intervención de psiquiatras y permitiendo establecimientos especializados.
Pese a los argumentos técnicos de Nación, 18 provincias, lideradas por Buenos Aires, ratificaron su rechazo absoluto. El bloque federal denuncia que la reforma esconde un desfinanciamiento estatal, eliminando la obligatoriedad de partidas presupuestarias nacionales. Para los ministros provinciales, el problema no es la ley vigente, sino su falta de inversión.
Mientras el oficialismo busca «eficiencia» y nuevos criterios de internación, las provincias advierten sobre un retroceso en derechos humanos y la desatención de los dispositivos comunitarios. Con el proyecto ya en el Senado, la salud argentina entra en una etapa de profunda disputa política y judicial.-
