Salud bajo la dictadura: degradación institucional y hospitales atravesados por el terror estatal
El golpe del 24 de marzo de 1976, que inauguró el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, no solo alteró el orden constitucional argentino: también reconfiguró de manera profunda el sistema de salud. Entre 1976 y 1983, la política sanitaria quedó subordinada a una lógica de ajuste fiscal, fragmentación estructural y control político, mientras algunas instituciones quedaron directamente involucradas en el aparato represivo.
Uno de los hitos fue la pérdida de jerarquía institucional. En 1981, durante la presidencia de facto de Roberto Eduardo Viola, el Ministerio de Salud fue degradado a Secretaría de Estado, bajo la órbita del Ministerio de Bienestar Social. La medida implicó menor autonomía, reducción presupuestaria y pérdida de capacidad de rectoría nacional. El área sanitaria dejó de ocupar un lugar estratégico en la agenda pública.
En paralelo, se profundizó la descentralización hospitalaria sin financiamiento suficiente, lo que incrementó las asimetrías provinciales. El subsector público se debilitó, mientras crecían las obras sociales —muchas intervenidas— y el incipiente sector de medicina privada. El sistema se volvió más segmentado y desigual.
Pero la dimensión más grave fue la vinculación de ciertas instituciones sanitarias con el terrorismo de Estado. En el predio del Hospital Posadas funcionó el centro clandestino conocido como “El Chalet”, con presencia militar y secuestros de trabajadores. El complejo de Campo de Mayo incluido su hospital militar, registró partos de mujeres detenidas desaparecidas. También fueron mencionados en investigaciones judiciales el Hospital Militar Central y el Hospital Naval Pedro Mallo, en el marco del circuito represivo asociado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
En estos ámbitos se documentaron asistencias médicas a detenidos bajo tortura, participación en partos clandestinos, adulteración de historias clínicas y certificaciones falsas. A su vez, numerosos profesionales de la salud fueron perseguidos, cesanteados o desaparecidos.
Con el retorno democrático en 1983, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, el Ministerio recuperó su rango y comenzaron los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, la fragmentación estructural del sistema sanitario y las huellas institucionales de aquel período continuaron condicionando su evolución posterior.
La dictadura no solo dejó un saldo de violaciones a los derechos humanos: también alteró de manera duradera la arquitectura del sistema de salud argentino.
