Fin del cerrojo farmacéutico en Argentina: Cambios en patentes y su impacto
El Gobierno nacional oficializó un giro estructural en la política de propiedad intelectual aplicada a medicamentos al publicar la Resolución Conjunta 1/2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina. La norma fue firmada por el ministro de Salud, Mario Iván Lugones; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Carlos María Gallo.
La medida deroga las pautas especiales de examen de patentabilidad vigentes desde 2012 para invenciones químico-farmacéuticas, un esquema que durante más de una década fue señalado por laboratorios multinacionales como un “cerrojo” que restringía la concesión de patentes en la Argentina. A partir de ahora, el INPI evaluará cada solicitud bajo los criterios generales de la Ley 24.481 —novedad, actividad inventiva y aplicación industrial— sin lineamientos sectoriales adicionales.
El cambio pone fin a una controversia histórica que dividió al sector. Las cámaras que agrupan a empresas internacionales sostenían que el régimen anterior desalentaba inversiones en investigación y estudios clínicos, y alejaba al país de estándares globales. En contraposición, los laboratorios nacionales defendían el sistema como una herramienta que facilitó la producción de genéricos y biosimilares, con ahorros millonarios para el Estado y los financiadores de salud, y mayor acceso a tratamientos.
La resolución incorpora una cláusula transitoria relevante: los medicamentos que ya estén comercializados al momento de entrada en vigencia no podrán ser desplazados del mercado ni generar reclamos económicos aun cuando posteriormente se conceda una patente. De este modo, se busca evitar efectos retroactivos sobre la oferta existente y garantizar continuidad en el abastecimiento.
El trasfondo excede lo técnico. La decisión se enmarca en una estrategia de alineamiento con estándares internacionales y en negociaciones comerciales recientes, donde la protección de la propiedad intelectual fue un punto sensible.
Con el fin del denominado “cerrojo farmacéutico”, el Ejecutivo redefine el equilibrio entre incentivos a la innovación y competencia local. El impacto final sobre precios, inversión y acceso a medicamentos será uno de los ejes centrales del debate sanitario y económico en los próximos años.
