Reforma laboral y salud privada: el efecto dominó que podría presionar las cuotas de las prepagas
El proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei reavivó un debate sensible: el impacto de la reducción de aportes patronales en el sistema de salud y, en particular, en las empresas de medicina prepaga. La iniciativa propone recortar un punto porcentual los aportes a la seguridad social, una medida orientada a abaratar el costo laboral, pero con potenciales consecuencias indirectas sobre el financiamiento sanitario.
Según estimaciones de especialistas del sector, ese “1%” no es marginal. Traducido a la lógica del sistema de salud, implicaría una caída de entre el 11% y el 15% de los recursos que hoy reciben obras sociales y prepagas. En términos absolutos, se trataría de más de 90.000 millones de pesos mensuales menos, una cifra difícil de absorber en un contexto de costos médicos en alza y salarios reales deprimidos.
El impacto no sería homogéneo. Las prepagas concentran hoy cerca de siete millones de afiliados, de los cuales alrededor del 70% tiene su cobertura financiada total o parcialmente por el empleador. Allí se abre una negociación inevitable entre empresas y prestadoras para compensar la menor derivación de aportes. En los casos de afiliados que ya pagan un adicional para completar su plan, la incógnita es clara: ¿quién cubrirá la diferencia que deja el nuevo esquema?
Además, la reducción de aportes también golpearía al Fondo Solidario de Redistribución, que financia medicamentos de alto costo, prestaciones por discapacidad y subsidios cruzados entre obras sociales y prepagas. Sólo este fondo perdería unos 15.000 millones de pesos mensuales, debilitando aún más la red de contención del sistema.
Si bien el proyecto aún no es ley y no hay definiciones regulatorias, el diagnóstico sectorial es consistente: las prepagas tienen escaso margen para absorber una caída de ingresos de esta magnitud sin trasladar parte del impacto a las cuotas. La experiencia de los años 90, con una reducción similar, funciona como antecedente y advertencia. En un sistema donde apenas una de cada cinco entidades logra cubrir el costo del Plan Médico Obligatorio, cualquier ajuste en los ingresos reabre la tensión entre sostenibilidad financiera y acceso equitativo a la salud.
Fuente: SaberenSalud.
