Reforma de Salud Mental: el Gobierno consulta a las provincias mientras crecen las críticas de especialistas
El Gobierno nacional inició una ronda de reuniones con las autoridades sanitarias de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires para recoger observaciones sobre el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. El objetivo es construir un texto de consenso antes de continuar con el tratamiento parlamentario en el Senado, donde la iniciativa ya se encuentra en análisis.
Los encuentros, encabezados por la senadora Patricia Bullrich, comenzaron el lunes de forma virtual con los ministerios de Salud de CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy, y continuaron el martes con el resto de las jurisdicciones del país.
La iniciativa llegó al Congreso a través del Mensaje 108/26 del Poder Ejecutivo y fue analizada en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado. Durante el debate se realizaron dos jornadas de exposiciones en las que participaron más de 70 personas: especialistas en salud mental, organizaciones de familiares de pacientes, asociaciones profesionales, funcionarios provinciales, trabajadores del sector y especialistas en derecho civil y sanitario.
Los principales cambios que propone la reforma son:
Directivas anticipadas: se incorpora un inciso a la Ley de Derechos del Paciente que permite a una persona consentir o rechazar determinados tratamientos de salud mental por adelantado.
Equipos interdisciplinarios: su conformación pasaría a definirse según la disponibilidad de recursos humanos de cada jurisdicción, en lugar de un criterio uniforme a nivel nacional.
Teleconsulta: se formaliza como herramienta para ampliar la cobertura territorial, especialmente en zonas con menor acceso a especialistas.
Internaciones: el régimen vigente está bajo revisión y es uno de los capítulos que continúa en debate en el Senado.
La Ley 26.657, sancionada en 2010, estableció un modelo de atención comunitaria orientado a reemplazar progresivamente los hospitales psiquiátricos monovalentes por una red de dispositivos integrados al sistema general de salud. Ese es, precisamente, el punto que más resistencia genera entre los especialistas.
La Asociación Argentina de Salud Mental rechazó el proyecto y sostuvo que algunas de sus modificaciones «destruyen la red comunitaria», además de generar confusión y restringir derechos. La entidad también objetó que la reforma excluya a los propios usuarios de los servicios de salud mental del Órgano de Revisión, el organismo creado para controlar que se respeten los derechos de las personas internadas.
En la misma dirección se pronunció la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que elaboró un informe técnico sobre el proyecto. La organización considera que la reforma representa un retroceso respecto del enfoque de derechos humanos que inspiró la ley vigente, y advierte que podría terminar reforzando al hospital psiquiátrico como eje central de la atención, en lugar del modelo comunitario.
Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación del piso presupuestario específico para salud mental que contempla la normativa actual. Los sectores críticos advierten que quitar esa garantía podría debilitar aún más el financiamiento de dispositivos y equipos que, según señalan, ya presentan dificultades para implementarse plenamente.
A esto se suma otro cuestionamiento: el mayor peso que la reforma le otorgaría a la psiquiatría dentro de los equipos de atención, en desmedro del enfoque interdisciplinario (con psicología, trabajo social, terapia ocupacional y otras disciplinas), que caracteriza a la ley vigente.
La ronda de consultas con las provincias continúa esta semana y busca incorporar la mirada de cada jurisdicción antes de que el Senado retome el tratamiento del proyecto. Los puntos más sensibles (internaciones, presupuesto y composición de los equipos de salud mental), seguirán bajo análisis en las próximas semanas.
