PAMI al límite: megadeuda y desatención médica ponen en riesgo a 5,5 millones de jubilados
Los prestadores de salud denuncian un rojo de $500.000 millones y advierten que los aranceles vigentes quedaron un 120% por debajo de la inflación. Clínicas y farmacias restringen servicios ante la falta de respuestas oficiales.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) atraviesa una de las encrucijadas financieras y operativas más complejas de los últimos años. Una red compuesta por clínicas, sanatorios, laboratorios de análisis clínicos y farmacias de todo el país ha encendido las alarmas institucionales tras confirmar que la deuda consolidada del organismo asciende a la preocupante cifra de 500.000 millones de pesos. Esta severa asfixia presupuestaria impacta de manera directa en la calidad y continuidad de la atención médica de casi 5,5 millones de afiliados, quienes hoy se enfrentan a un escenario de marcada incertidumbre y postergación de turnos esenciales.
De acuerdo con los relevamientos sectoriales presentados por las principales cámaras prestadoras, las auditorías internas y los débitos no autorizados acumulados desde el año 2020 permanecen en un limbo burocrático, sin respuestas concretas por parte de las autoridades administrativas de la obra social. A este histórico pasivo se le suma un desfasaje arancelario insostenible frente a los costos operativos diarios: los valores reconocidos por el PAMI para consultas, internaciones y prácticas de mediana y alta complejidad han quedado relegados hasta un 120% por debajo de la inflación médica general.
La escasez de insumos médicos críticos, tales como prótesis, materiales descartables y reactivos de laboratorio, ya ha forzado a múltiples sanatorios privados a suspender cirugías programadas y reconfigurar de manera drástica la agenda de turnos con especialistas.
En el ámbito de la atención farmacéutica, el panorama no es más alentador. Diversos colegios profesionales han manifestado la imposibilidad material de financiar la reposición de medicamentos ante las droguerías mayoristas debido a las constantes demoras en las liquidaciones del convenio. Aunque se intentan sostener las coberturas básicas, la entrega de tratamientos especiales o fármacos de alto costo ha comenzado a verse condicionada estrictamente por el stock remanente en las góndolas de los establecimientos.
La comunidad médica de cabecera también ha manifestado su descontento ante la quita de incentivos y los cambios estructurales en el pago capitado, lo que disminuye la oferta de profesionales en las zonas periféricas del país. Con un sistema de salud que opera al borde de sus capacidades físicas y económicas, el bienestar de la población de la tercera edad queda hoy sujeto a una urgente readecuación presupuestaria que devuelva la previsibilidad al sector.
