OSUOMRA, entre la intervención judicial y el regreso de viejos actores
La obra social de la Unión Obrera Metalúrgica atraviesa uno de los capítulos más turbulentos de su historia reciente. Desde fines de mayo de 2026, OSUOMRA quedó bajo la órbita de una intervención judicial que, según sus críticos, terminó reconfigurando el mapa de poder que manejaba la salud de unos 200.000 afiliados metalúrgicos.
Todo comenzó con un fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que declaró irregularidades en las elecciones internas de marzo en la seccional Campana, a raíz de un reclamo de la opositora Lista Naranja. Esa decisión desplazó al secretario general Abel Furlán (pese a haber superado el 80% de los votos a nivel nacional), y derivó en la designación del abogado Alberto Biglieri como interventor, con mandato inicial de 180 días y facultades limitadas, en teoría, a auditar cuentas y estabilizar prestaciones.
En la práctica, el interventor amplió su radio de acción. Suspendió convenios bajo sospecha de administración fraudulenta, como el que el sindicato mantenía con la empresa USEM, vinculada a La Cámpora, y designó una comisión paritaria propia (integrada por seccionales enfrentadas a Furlán), que terminó firmando acuerdos salariales muy por debajo de la inflación, sin que mediaran elecciones internas.
El movimiento más resistido, sin embargo, fue la entrega de la gestión operativa de OSUOMRA al Grupo Olmos, el holding de salud de los hermanos Raúl y Darío Olmos que ya había manejado la obra social durante casi dos décadas bajo la conducción de Antonio Caló, entre 2002 y 2020. En ese período, la relación entre el sindicalista y el empresario mendocino dio origen a fideicomisos, a la gerenciadora Forjar Salud y a la prestadora BASA, un esquema que quedó bajo la lupa por el destino de los fondos de la recaudación gremial. La irrupción de figuras ligadas a la Red BASA en la nueva conducción de la obra social (y trascendidos sobre un fideicomiso de 35 millones de dólares), alimentaron las versiones de un regreso, al menos indirecto, de la influencia de Caló.
La UOM y Furlán llevaron el conflicto hasta la Corte Suprema, buscando blindar a OSUOMRA del alcance de la intervención por tratarse, sostienen, de una entidad con estatuto propio. El planteo no prosperó. Ahora, un nuevo dato agrega incertidumbre: Biglieri competirá en octubre por una banca en el Consejo de la Magistratura, lo que anticipa su salida de la intervención antes de lo previsto y abre un nuevo interrogante sobre el futuro de la obra social metalúrgica.
