La emergencia en discapacidad, contra reloj: qué pasa si el Congreso no vota la prórroga
La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad atraviesa sus últimos meses de vigencia y el Congreso todavía no definió su futuro. La norma, que rige hasta el 31 de diciembre de 2026 con posibilidad de extenderse un año más, fue reglamentada recién en febrero de 2026 por el Gobierno, luego de un proceso que incluyó sanción legislativa, veto presidencial, insistencia parlamentaria y un recurso judicial. Hoy la aplica la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.
La discusión se trasladó a Diputados, donde el oficialismo y funcionarios del área buscan frenar el debate sobre la extensión de las facultades de emergencia que impulsa la oposición. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, presentó un proyecto para prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, iniciativa que forma parte del temario previsto para la sesión del 9 de septiembre.
Mientras tanto, prestadores, transportistas y profesionales del sector siguen reclamando la actualización mensual de los aranceles según la inflación, la regularización de pagos atrasados y la resolución de pensiones no contributivas pendientes.
La pregunta que empieza a instalarse es qué ocurre si la ley caduca sin una nueva sanción. Según la interpretación de Marino y de las organizaciones civiles que colaboraron en el proyecto, lo que se perdería con el fin de la emergencia es la discrecionalidad que el Capítulo I le otorga al Poder Ejecutivo para destinar recursos al sistema de discapacidad. En cambio, sostienen, las modificaciones de carácter permanente incluidas en los Capítulos II, III y IV (como la actualización mensual de aranceles), seguirían vigentes, porque no dependen de la emergencia sino que reforman leyes de manera definitiva.
Para sostener esa lectura, citan antecedentes: el Impuesto PAIS, creado en 2019 bajo la Ley de Emergencia Pública de Alberto Fernández, continuó vigente hasta diciembre de 2024, cuatro años después de que cayeran las emergencias que le dieron origen. Algo similar ocurre con la Ley Bases de 2024, cuyo artículo 1° declaró la emergencia administrativa, económica, financiera y energética por un año, mientras que el resto de las reformas estructurales permanece en vigor.
Por eso, el debate parlamentario sobre la prórroga de la Ley 27.793 adquiere especial relevancia: lo que está en juego no es solamente prorrogar una declaración de emergencia, sino determinar qué herramientas financieras, arancelarias y regulatorias continuarán sosteniendo al sistema de discapacidad durante 2027.
