Nuevo esquema estatal para discapacidad: el Gobierno disuelve la ANDIS y traslada sus funciones al Ministerio de Salud
El Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como organismo descentralizado y la absorción de sus funciones por parte del Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones. La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, quien aseguró que la reestructuración no implicará recortes en pensiones ni prestaciones para personas con discapacidad.
Creada en 2017 mediante el Decreto 698/2017, la ANDIS era un organismo con personería jurídica propia encargado de planificar, coordinar y ejecutar políticas públicas en materia de discapacidad, entre ellas la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la administración de pensiones no contributivas por invalidez, entre otras prestaciones y programas.
Según Adorni, la decisión responde a un diagnóstico de “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente” dentro de la ANDIS, que —a su juicio— derivaron en irregularidades administrativas. Enumeró ejemplos como pensiones otorgadas sin documentación válida, certificados activos de personas fallecidas y pagos a organizaciones que no prestaban servicios efectivamente.
El jefe de Gabinete sostuvo que la integración de estas funciones en el Ministerio de Salud permitirá mayor control y transparencia, con trazabilidad de expedientes, auditorías permanentes y criterios sanitarios en las decisiones. Además, adelantó la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica vigente en la ANDIS.
La unificación administrativa se produce en un contexto político y judicial marcado por investigaciones y polémicas vinculadas al organismo. En 2025 se difundieron audios y se iniciaron causas judiciales por presuntas coimas y sobreprecios en compras de medicamentos e insumos para personas con discapacidad, que involucraron a exfuncionarios de la ANDIS y motivaron la intervención del ente en agosto pasado.
La transición hacia una dependencia plena del Ministerio de Salud ha sido presentada por el Gobierno como una forma de fortalecer la gestión de políticas de discapacidad, sin afectar derechos o prestaciones. Sin embargo, sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la centralización de decisiones y la necesidad de garantizar estándares profesionales y respeto a los derechos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ha ratificado.
El nuevo esquema institucional —que incluye como secretario a Alejandro Vilches, actual interventor de la ANDIS— busca redefinir la política pública en discapacidad hacia una gestión más integrada con los criterios sanitarios y operativos del Ministerio de Salud, mientras el Ejecutivo sostiene que no habrá pérdida de beneficios ni derechos para las personas a las que atiende este sistema.
