Aniversario de la Ley IVE: cinco años de conquistas y obstáculos en el acceso efectivo
Este martes 30 de diciembre se cumplen cinco años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), norma que convirtió a Argentina en uno de los pocos países de América Latina en garantizar el derecho de toda mujer u otra persona con capacidad de gestar a decidir y acceder a un aborto seguro hasta la semana 14 de gestación. La ley, promulgada tras un intenso debate social y político, fue celebrada como un avance histórico por organizaciones de derechos humanos y activistas feministas. Sin embargo, diversas voces destacan desafíos persistentes para asegurar el acceso efectivo en todo el territorio nacional.
Datos oficiales y de organizaciones civiles revelan una implementación heterogénea: de enero de 2021 a diciembre de 2024 se registraron más de 300 mil interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema de salud pública, con importantes disparidades provinciales en la disponibilidad de servicios. En algunas jurisdicciones menos del 10% de los efectores ofrecen IVE, mientras que en otras ese porcentaje supera el 80%.
Representantes de organismos como Amnistía Internacional han señalado que en 2025 las denuncias por barreras de acceso se triplicaron respecto a años anteriores, vinculando esta tendencia con la falta de provisión estatal de insumos esenciales y una menor difusión de información oficial. Entidades provinciales y colectivos como Socorristas en Red insisten en que las condiciones de acceso dependen en gran medida del lugar de residencia, con poblaciones rurales y de regiones periféricas enfrentando mayores obstáculos.
Por su parte, fuentes vinculadas al UNFPA Argentina (oficina en el país del Fondo de Población de las Naciones Unidas), destacan avances en la expansión de servicios, señalando que en provincias como Chaco la cantidad de establecimientos que garantizan el acceso aumentó significativamente en los últimos dos años, y apelan a políticas coordinadas para superar prácticas discriminatorias como la objeción de conciencia.
Frente a este panorama, organizaciones sociales y expertos subrayan que la ley sigue siendo un hito en materia de derechos humanos, pero reclaman políticas públicas sostenidas y equitativas para convertir el derecho formal en acceso real en todas las provincias del país.
