La judicialización de la salud pone en jaque al Estado y dispara los costos del sistema sanitario
La creciente ola de demandas judiciales vinculadas a la salud se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el Estado nacional y para todo el sistema de cobertura médica. Impulsada principalmente por reclamos de medicamentos de alto costo y tratamientos para enfermedades complejas, la judicialización avanza año tras año y genera un fuerte impacto económico sobre organismos públicos, obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Según datos oficiales, la administración central enfrenta actualmente más de 339.000 demandas activas, entre juicios, ejecuciones y amparos. A esta cifra se suman casi 300.000 causas en trámite que involucran a organismos descentralizados como la ANSES. En paralelo, especialistas advierten que los litigios relacionados con la salud crecen a una tasa cercana al 10% anual.
Los medicamentos encabezan ampliamente los reclamos. Se estima que tres de cada diez amparos buscan garantizar el acceso a tratamientos farmacológicos, especialmente aquellos destinados a enfermedades raras, oncológicas o de alta complejidad. Entre los fármacos más frecuentemente judicializados figuran nusinersen, utilizado para la atrofia muscular espinal; palbociclib, indicado para determinados tipos de cáncer de mama; y agalsidasa–alfa, empleado en pacientes con enfermedad de Fabry.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de un joven bonaerense con hemoglobinuria paroxística nocturna que recurrió a la Justicia para exigir la provisión de Eculizumab, un medicamento cuyo costo supera los 40.000 dólares mensuales por paciente.
La concentración de las causas también revela una marcada desigualdad territorial. Más de la mitad de los expedientes se tramitan en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe reúnen otro porcentaje significativo de los casos.
El fenómeno no solo incrementa el gasto sanitario. También modifica la práctica médica. Diversos estudios indican que muchos profesionales recurren a la denominada “medicina defensiva”, solicitando estudios y procedimientos adicionales para reducir riesgos legales, una conducta que podría representar hasta una quinta parte de los costos totales del sistema.
Mientras la demanda de tratamientos innovadores continúa creciendo, la judicialización de la salud se consolida como un fenómeno estructural que tensiona los recursos públicos y plantea nuevos interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del sistema sanitario local.
