La caída alarmante del financiamiento público, empeora la atención del VIH
El proyecto de presupuesto nacional para 2026, que incluye los programas dedicados al VIH, las hepatitis virales, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la tuberculosis, plantea una reducción sustancial en las partidas clave para prevención y tratamiento, advierten organizaciones civiles. Según la Fundación Grupo Efecto Positivo (Fundación GEP), el programa específico —denominado Programa 22 del Ministerio de Salud de la Nación— reduciría sus fondos en torno a un 38 % en dólares entre 2024 y 2026, al pasar de unos US$ 70,8 millones a US$ 43,6 millones.
Distintos colectivos del sector de salud señalan que esta disminución ya se refleja en la práctica: menor disponibilidad de reactivos para medir cargas virales, demoras en el recambio de esquemas terapéuticos y una reducción en la distribución de preservativos y test rápidos. Estas limitaciones impactan directamente sobre la capacidad del sistema sanitario de sostener la continuidad de los tratamientos y prevenir nuevas infecciones.
Por su parte, los datos oficiales del presupuesto general muestran una asignación del 6 % del total nacional a las acciones de salud, dentro de las cuales se incluyen los programas de VIH/ITS y otras patologías. Sin embargo, la información disponible no detalla la distribución específica de recursos para cada área, lo que impide verificar con precisión el alcance del recorte denunciado por las organizaciones.
En ese contexto, informes independientes alertan que el Estado prevé atender a unas 71.500 personas con VIH en 2026, frente a 79.170 en 2024. La brecha entre metas asistenciales y presupuesto proyectado genera preocupación por el posible retroceso en políticas públicas que en los últimos años habían logrado reducir la mortalidad y ampliar el acceso a tratamientos.
La combinación de un ajuste presupuestario, la inflación y el encarecimiento de los medicamentos amenaza con profundizar la vulnerabilidad de quienes viven con VIH, poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de salud pública y derechos humanos.
