Impulsan investigación judicial sobre Kicillof e IOMA por presuntas irregularidades en la obra social bonaerense

Impulsan investigación judicial sobre Kicillof e IOMA por presuntas irregularidades en la obra social bonaerense

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, quedaron en el centro de una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal de La Plata. La acción judicial fue impulsada por Marcelo Mazzeo, concejal electo en Esteban Echeverría por La Libertad Avanza, quien solicita investigar a ambos funcionarios por presuntos delitos vinculados al manejo de la obra social más grande de la provincia.

 

Mazzeo acusa a las autoridades del organismo de administración fraudulenta, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y hasta asociación ilícita. Según el escrito presentado, IOMA atraviesa un “colapso sanitario” y una crisis estructural que impacta en la atención de miles de afiliados. Entre los puntos señalados, se destacan la falta de pagos a profesionales de la salud, demoras en los honorarios y suspensión de tratamientos esenciales. Entidades médicas como Femeba, Fenecon y Fremebo habrían advertido reiteradamente sobre la situación.

 

El denunciante también sostiene que existe una “captura política” del organismo y cuestiona la supuesta utilización partidaria de la obra social. Además, afirma que hay afiliaciones compulsivas de trabajadores municipales y provinciales, lo que, según plantea, configuraría un abuso institucional. Mazzeo denuncia, además, un esquema de intermediación privada que involucraría a la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados, vinculada —según sostiene— a intereses particulares.

 

El pedido judicial incluye allanamientos al IOMA y al Ministerio de Salud provincial. Desde el gobierno bonaerense señalaron que no recibieron notificación formal y calificaron la presentación como de contenido político y sin sustento concreto. La causa quedó en manos de la fiscalía, que deberá determinar la competencia judicial para avanzar con la investigación.