Fentanilo contaminado: la investigación pone al ministro Lugones bajo creciente presión política
La investigación por el caso del fentanilo contaminado, considerada una de las mayores crisis sanitarias de la historia reciente del país, sumó un nuevo capítulo que podría tener repercusiones políticas para el Gobierno nacional. La incorporación de chats extraídos de teléfonos celulares secuestrados por la Justicia y las declaraciones de dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) colocaron al ministro de Salud, Mario Lugones, en el centro del debate político, aunque hasta el momento no figura imputado en la causa.
El expediente, que instruye el juez Ernesto Kreplak con la intervención de la fiscal Laura Roteta y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), investiga la presunta responsabilidad de exautoridades de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) en la falta de controles que habrían permitido la comercialización de partidas de fentanilo contaminado elaboradas por el grupo conformado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Según los registros oficiales de la causa, el brote dejó al menos 90 personas fallecidas y decenas de pacientes afectados en distintos hospitales del país.
Las exfuncionarias Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó permanecen detenidas e imputadas por delitos de extrema gravedad vinculados con la presunta adulteración de medicamentos con resultado de muerte. En sus declaraciones judiciales y en los mensajes incorporados al expediente aparecen referencias al ministro Lugones. Uno de los chats revela una consulta sobre si correspondía avanzar con el cierre del laboratorio porque «Mario preguntaba» por la situación. Además, Mantecón Fumadó sostuvo ante la Justicia que las decisiones relevantes sobre HLB Pharma y Laboratorio Ramallo eran informadas al titular de la cartera sanitaria y que éste habría impulsado finalmente el cierre del establecimiento.
Sin embargo, hasta el momento no existen elementos públicos que indiquen que el ministro haya sido imputado o acusado formalmente. La investigación continúa centrada en determinar si las autoridades regulatorias demoraron medidas de control pese a contar con informes técnicos que advertían graves incumplimientos en las condiciones de producción del laboratorio.
Más allá del plano judicial, el impacto político comienza a ser significativo. La ANMAT es un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Salud y su funcionamiento constituye uno de los pilares del sistema nacional de vigilancia de medicamentos. La aparición de comunicaciones que mencionan al ministro abre interrogantes sobre el flujo de información dentro de la cartera sanitaria y sobre el nivel de conocimiento que podía existir respecto de la situación de los laboratorios investigados.
Especialistas en derecho sanitario y gobernanza regulatoria coinciden en que, en episodios de esta magnitud, suele evaluarse no solo la eventual responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, sino también la responsabilidad política derivada de la conducción de los organismos de control. En antecedentes internacionales, crisis vinculadas con medicamentos o alimentos han derivado en renuncias o reestructuraciones institucionales aun sin condenas judiciales, con el objetivo de preservar la credibilidad de las agencias regulatorias.
Para el Gobierno de Javier Milei, el avance de la causa representa un desafío adicional. Si bien el Ministerio de Salud ha sostenido que colaboró con la investigación desde que se detectó el brote y que la ANMAT fue quien presentó la denuncia penal, la difusión de nuevos chats y testimonios incrementa la presión pública y mediática. El futuro político de Mario Lugones dependerá, en buena medida, de si la Justicia encuentra evidencias que amplíen el alcance de la investigación o si las menciones al ministro quedan limitadas al conocimiento administrativo de un expediente que ya era seguido por la cartera sanitaria.
La investigación también incorpora un componente de alta sensibilidad política debido a que el expediente está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Si bien el vínculo familiar es público y no constituye por sí mismo un elemento que afecte la validez del proceso judicial, distintos analistas consideran que, en un expediente con fuerte impacto institucional y repercusiones nacionales, ese dato podría alimentar cuestionamientos políticos sobre la causa, especialmente si la investigación avanzara hacia funcionarios del Gobierno nacional.
Mientras tanto, la prioridad continúa siendo esclarecer cómo fallaron los mecanismos de control que debían impedir que medicamentos potencialmente peligrosos llegaran a pacientes de hospitales y clínicas de todo el país, una tragedia que reabrió el debate sobre la fortaleza del sistema de fiscalización sanitaria nacional.
