Fentanilo adulterado: un informe legislativo revela fallas críticas en los controles de la ANMAT y exige una reforma integral
La comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó la circulación de ampollas de fentanilo contaminado producidas por el laboratorio HLB Pharma presentó su informe final, un documento de 34 páginas que sintetiza meses de trabajo, testimonios y análisis técnico. Con el respaldo de 21 legisladores y dos abstenciones, el informe propone 20 medidas orientadas a reformar la estructura regulatoria del país y evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
Los diputados resaltaron “vacíos regulatorios”, “dispersión normativa” y “falta de coordinación” entre instituciones hospitalarias, organismos federales y autoridades provinciales. Según el documento, la ausencia de procedimientos homologados y plazos claros para responder ante eventos sanitarios masivos dejó al sistema expuesto al desastre que significó la distribución de fentanilo adulterado, vinculado a más de un centenar de muertes en distintas provincias.
El informe toma como insumo la causa judicial que tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, testimonios de familiares de víctimas, especialistas en medicamentos y representantes de los sistemas de control y trazabilidad provinciales. Su conclusión es contundente: existen fallas estructurales que requieren una reforma normativa profunda y coordinada a nivel federal.
Entre las recomendaciones más relevantes se encuentran la exigencia de criterios estrictos para responsables técnicos de laboratorios que manipulan opioides, el fortalecimiento de las inspecciones iniciales y periódicas, la implementación de un sistema de monitoreo digital de lotes en tiempo real y la creación de un sistema de trazabilidad inalterable para medicamentos críticos.
Asimismo, plantea un sistema nacional de trazabilidad que cubra desde el ingreso del producto al hospital hasta la administración final al paciente, y un esquema más riguroso de fiscalización y sanciones para los centros de salud que incumplan la notificación obligatoria en el SISA.
El informe marca un punto de inflexión en el debate sanitario argentino y anticipa una agenda legislativa cargada para el próximo año.
