Emergencia en Discapacidad: escala el conflicto y Diputados impulsan juicio político contra Mario Lugones
La tensión política en torno a la gestión sanitaria del Gobierno de Javier Milei ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. En las últimas horas, un grupo de legisladores nacionales, acompañados por diversas organizaciones civiles, han redoblado la presión sobre el ministro de Salud, Mario Lugones, solicitando formalmente el inicio de un proceso de juicio político en su contra. La medida surge como respuesta a lo que denuncian como un «vaciamiento sistemático» y una «crisis terminal» en el sistema de atención para personas con discapacidad.
El pedido de destitución se fundamenta en el impacto crítico que los recortes presupuestarios han tenido sobre las prestaciones básicas. Según expusieron los diputados impulsores de la iniciativa ,entre ellos Juan Marino y Pablo Todero, el incumplimiento deliberado de la normativa vigente ha provocado el cierre de centros de día, la interrupción de terapias vitales y serias dificultades en la provisión de medicamentos de alta complejidad.
«Estamos ante una emergencia que se profundiza día a día por una decisión política de ajuste», advirtieron durante una reunión abierta en el Congreso. El conflicto se agravó tras la propuesta del Ejecutivo de reformar el régimen de pensiones por invalidez, la cual impone un reempadronamiento obligatorio en plazos exiguos y endurece los requisitos de acceso, dejando a miles de beneficiarios en una situación de vulnerabilidad extrema.
La controversia no se limita a las cifras. En el encuentro parlamentario se vivieron momentos de gran emotividad y tensión. Familias de pacientes denunciaron no solo el deterioro de la atención, sino también un clima de hostilidad creciente hacia el colectivo de personas con discapacidad, citando episodios de agresiones en redes sociales vinculados a figuras del oficialismo.
El pedido de juicio político contra Lugones (que también alcanza la figura presidencial por su responsabilidad administrativa), acusa al ministro de mal desempeño en sus funciones y violación de tratados internacionales de jerarquía constitucional. Mientras el Ministerio de Salud defiende las reformas como una vía para «transparentar el sistema», la oposición y las organizaciones sociales prometen profundizar las medidas de fuerza en las calles para frenar lo que consideran un retroceso histórico en materia de derechos humanos.
