El RIGI y el Súper RIGI buscan posicionar al sector Salud como un nuevo motor económico
La industria de la salud comenzó a ocupar un lugar cada vez más relevante en la estrategia económica del Gobierno nacional, que busca consolidarla como uno de los sectores capaces de atraer inversiones, generar empleo calificado y aumentar las exportaciones locales. En ese marco, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su versión ampliada, conocida como Súper RIGI, aparecen como herramientas clave para impulsar proyectos vinculados a la investigación clínica, la biotecnología y la innovación farmacéutica.
Desde el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, se sostiene que la industria farmacéutica y biotecnológica nacional posee condiciones para transformarse en un sector estratégico, comparable con actividades como la energía, la minería o el agro. Actualmente, el complejo farmacéutico argento genera más de 8.100 millones de dólares anuales y exporta productos a más de cien países, con un creciente protagonismo de los biosimilares en los mercados internacionales.
Uno de los anuncios más significativos se produjo en mayo de 2026, cuando la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que reúne a compañías como Roche, Pfizer, Novartis, GSK, MSD, Sanofi y Bristol Myers Squibb, informó un plan de inversión por US$8.000 millones destinado a investigación clínica durante los próximos seis años. La iniciativa se inscribe dentro del marco de incentivos del RIGI y representa una de las mayores apuestas privadas para el desarrollo científico y sanitario del país.
Según datos del sector, la investigación clínica ya concentra cerca del 50% de toda la inversión privada en investigación y desarrollo empresarial en el país. Además, las compañías asociadas a CAEME generan alrededor de 9.000 empleos directos y más de 20.000 indirectos, además de operar diez plantas productivas en territorio nacional.
El proyecto del denominado Súper RIGI, actualmente en debate parlamentario, amplía los beneficios para actividades consideradas de frontera tecnológica. Entre ellas figura la biotecnología avanzada, junto con inteligencia artificial, semiconductores, hidrógeno verde, baterías y centros de datos. La propuesta contempla ventajas fiscales más amplias, estabilidad regulatoria por 30 años y mayor libertad para el acceso y disponibilidad de divisas.
Para la industria de la salud, el principal atractivo radica en la posibilidad de captar inversiones de gran escala vinculadas a terapias génicas, nuevos medicamentos biológicos, plataformas de investigación avanzada y producción de biosimilares de última generación. Sin embargo, especialistas advierten que el elevado umbral mínimo de inversión (US$1.000 millones por proyecto), podría dejar fuera a gran parte de los laboratorios nacionales y empresas biotecnológicas medianas.
A este escenario se suma otro debate sensible: la reciente firma de acuerdos de cooperación en materia de patentes con Estados Unidos. Mientras el Gobierno sostiene que estas medidas fortalecen la seguridad jurídica y mejoran el clima de negocios, laboratorios nacionales alertan sobre posibles impactos en la producción de genéricos, los costos de los medicamentos y la autonomía sanitaria.
Así, el desafío local será encontrar un equilibrio entre la atracción de capitales internacionales y el fortalecimiento de un ecosistema sanitario que combine innovación, desarrollo industrial y acceso equitativo a la salud. El éxito del RIGI y del futuro Súper RIGI no se medirá únicamente por los anuncios de inversión, sino por su capacidad de traducirse en proyectos concretos, empleo calificado y desarrollo tecnológico sostenible para el sistema de salud.
