El país mejora su posición ante EE.UU. en propiedad intelectual: el eje está en las patentes farmacéuticas
Estados Unidos mejoró la calificación de la Argentina en materia de propiedad intelectual por primera vez en tres décadas. La Oficina del Representante Comercial (USTR) recategorizó al país, sacándolo de la «Lista de Vigilancia Prioritaria», donde permanecía desde 1996 y moviéndolo a la «Lista de Vigilancia», en reconocimiento a sus esfuerzos por abordar preocupaciones significativas en esa materia.
El cambio de estatus no es un gesto aislado. Se inscribe en una serie de reformas estructurales que el gobierno de Javier Milei encaró como parte del Acuerdo Recíproco sobre Comercio e Inversión (ARTI) firmado con Washington en febrero pasado. En ese marco, la administración argentina asumió compromisos orientados a reforzar la protección de la propiedad intelectual y a combatir su robo o uso indebido.
El cambio más concreto y polémico llegó en marzo. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) derogó la normativa que desde 2012 limitaba su capacidad de evaluar de forma autónoma las solicitudes de patentes de medicamentos, una decisión tomada en conjunto con los ministerios de Economía y Salud. Esas directrices bloqueaban automáticamente siete categorías de invenciones farmacéuticas que son patentables en otras jurisdicciones del mundo.
La reforma elimina el extenso conjunto de requisitos técnicos que regía desde 2012 y otorga al INPI la potestad de evaluar cada solicitud de patente de medicamentos de manera individual. Los productos ya comercializados en el mercado argentino, según se aclaró oficialmente, no se verán afectados y podrán seguir comercializándose sin restricciones.
La industria farmacéutica nacional, sin embargo, no recibió los cambios con entusiasmo unánime. CILFA, una de las cámaras más representativas del sector, reconoció que la derogación no elimina los principios científicos ni los antecedentes jurisprudenciales que sustentaban las directrices anteriores, y destacó que el INPI igualmente deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley 24.481.
Queda pendiente un paso clave: la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en la Cámara de Diputados, que el Gobierno debía aprobar antes del 30 de abril pero debió postergar sin fecha ante la resistencia de los laboratorios nacionales. Su sanción podría derivar en una nueva mejora de calificación por parte de la USTR en su próximo informe anual.
