El IVA que nadie recupera: la carga fiscal que profundiza la crisis de clínicas y sanatorios
Aunque suele pasar inadvertido en el debate público, el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) representa uno de los principales factores que deterioran la sustentabilidad económica de las clínicas, sanatorios y demás prestadores privados de salud en el país. Lejos de cumplir con el principio de neutralidad que caracteriza a este tributo, el esquema vigente termina transformando al IVA en un costo adicional que encarece la atención médica y restringe la capacidad de inversión del sector.
La distorsión surge porque la mayor parte de las prestaciones de salud se encuentran exentas de IVA o tributan una alícuota reducida, según quién financie la atención. En cambio, prácticamente todos los bienes y servicios que adquieren los prestadores (desde equipamiento médico e insumos hasta servicios de limpieza, mantenimiento, sistemas informáticos y tecnología sanitaria), pagan el 21% del impuesto.
Ese descalce provoca la acumulación de los llamados saldos técnicos de IVA: créditos fiscales que las instituciones generan al realizar sus compras, pero que no pueden compensar porque sus prestaciones no producen suficiente débito fiscal. En los hechos, esos recursos quedan inmovilizados durante años y terminan incorporándose como un costo más de la atención sanitaria.
Según estimaciones citadas por la Unión Argentina de Salud (UAS), durante 2025 los créditos fiscales no recuperables del sector privado alcanzaron alrededor de 1,8 billones de pesos, mientras que el acumulado desde 2002 supera los 37 billones de pesos a valores actuales. Para las entidades, esta situación limita el capital de trabajo, retrasa inversiones en infraestructura y tecnología, y obliga a financiar con recursos propios un impuesto que, en teoría, no debería afectar al prestador.
Desde la UAS sostienen que la salud no debería soportar impuestos distorsivos como el IVA o Ingresos Brutos y proponen avanzar en mecanismos que permitan utilizar esos créditos fiscales para cancelar otras obligaciones tributarias, como las cargas sociales, además de establecer un régimen que regularice la deuda acumulada durante décadas.
Para el sector, la discusión excede el plano tributario. Resolver el problema de los saldos técnicos significaría liberar recursos para modernizar establecimientos, incorporar tecnología, fortalecer la calidad asistencial y mejorar la sostenibilidad de un sistema que enfrenta crecientes desafíos financieros y una demanda sanitaria cada vez más compleja.
