El Gobierno disolvió el INAL: la industria celebra, la nutrición pide cautela
La administración nacional oficializó, a través del Decreto N° 697/2026, la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y el traspaso de sus funciones de control y fiscalización al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), mientras el Ministerio de Salud concentra la definición de política alimentaria, con foco inicial en la eliminación de colorantes y saborizantes de los productos ultraprocesados. La medida también fijó, por primera vez, un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino.
La reforma generó reacciones divididas. Desde el sector empresario, el respaldo fue inmediato: el Gobierno convocó a representantes de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), entre ellos la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza. Su titular, Raúl Giordano, celebró los cambios y los describió como un salto de calidad regulatoria, comparando la situación previa con «un banquito» y la nueva etapa con «sentarse en un sillón». Para el dirigente, la unificación de controles entre ANMAT, SENASA y las bromatologías provinciales y municipales resuelve una superposición histórica que encarecía y demoraba el comercio de alimentos.
Desde la nutrición y la salud pública, en cambio, el episodio reaviva preocupaciones previas. Andrea Graciano, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, había advertido (a raíz de cambios anteriores en el etiquetado frontal), que modificar por decreto o disposición administrativa aspectos que la ley había blindado debilita la estabilidad de las políticas de protección al consumidor. En la misma línea, la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC) Argentina viene señalando que el Código Alimentario Argentino, de naturaleza higiénico-sanitaria y bromatológica, no incorpora una perspectiva específica de prevención de enfermedades crónicas, lo que, según la organización, deja márgenes para que la industria aproveche vacíos normativos.
Hasta el cierre de esta nota no se conocieron pronunciamientos formales de legisladores de la oposición ni de organismos como UNICEF sobre este decreto en particular, aunque ambos actores se manifestaron en el pasado ante medidas de sentido similar.
El propio texto del decreto intenta despejar estas dudas: sostiene que la reorganización no resigna facultades de control y que ANMAT conserva intactas sus atribuciones específicas. El debate de fondo, que previsiblemente continuará en los próximos días, es si la separación entre quién fiscaliza y quién define la política alimentaria alcanza para sostener los estándares de protección sanitaria bajo un esquema más desregulado y con menos organismos intervinientes.
