Intervención de OSPRERA: El Gobierno retoma el control tras fallo judicial
El Poder Ejecutivo nacional oficializó este miércoles la reanudación de la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), luego de que la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal revocara una decisión judicial previa que había dispuesto la restitución de sus autoridades. La medida, formalizada a través del Decreto 127/2026, publicado en el Boletín Oficial, establece un plazo inicial de 180 días para la intervención, prorrogable según evaluación del Ministerio de Salud.
La controversia judicial se enmarca en una causa penal que tiene como principal imputado al secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco. La denuncia, caratulada “VOYTENCO, JOSÉ ANTONIO s/INFRACCIÓN ART. 303”, investiga presuntos delitos de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito en la gestión de los fondos de la obra social, entre ellos adquisiciones de bienes de alto valor y contrataciones irregulares con empresas vinculadas al entorno del dirigente sindical.
La Sala II, integrada por los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun (con disidencia del juez Eduardo Farah), cuestionó la restitución de las autoridades de OSPRERA dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello y ordenó el “inmediato restablecimiento” de la intervención. Según el fallo, no se había desvirtuado el peligro en la demora que justificó las medidas cautelares originales, por lo que la restitución resultaba improcedente en el contexto del proceso penal en curso.
El decreto presidencial señala la gravedad del deterioro institucional, financiero y prestacional de la obra social, con elevados niveles de litigiosidad y endeudamiento que ponen en riesgo la prestación de servicios esenciales. En consecuencia, se designó como nuevo interventor al doctor César Augusto Lococo, con amplias facultades de administración y la obligación de rendir informes periódicos a la Superintendencia de Servicios de Salud.
La intervención, que ya había sido dispuesta y prorrogada anteriormente, busca ahora “asegurar la continuidad y regularidad” de la atención a afiliados rurales en un organismo clave para la salud de ese sector productivo.
