Discapacidad y ajuste: fuerte cuestionamiento a la auditoría de pensiones en ANDIS
Una auditoría realizada en agosto de 2024 por el gobierno de Javier Milei puso en el centro mediático a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la promesa de revisar casi un millón de pensiones por discapacidad calificadas como “mal entregadas”. Tras diez meses, el proceso derivó en la suspensión de más de 111 mil pensiones, según datos aportados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
No obstante, organismos como ACIJ alertan sobre irregularidades graves: el 46 % de las cartas documento enviadas no llegaron a destinatarios; muchas personas jamás fueron notificadas, mientras otras fueron citadas a puntos alejados o inaccesibles. En casos como los de Víctor Ruiz en Salta y Ezequiel Bravo en Provincia de Buenos Aires, las pensiones fueron suspendidas sin que ellos siquiera supieran sobre la auditoría.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) añadió que las auditorías se implementaron sin criterios estratégicos, con notificaciones masivas mal diseñadas y trato muchas veces indigno para los beneficiarios. En tanto, quejas por burocracia excesiva, ausencia de accesibilidad en el lenguaje de las tarjetas y falta de apoyo al momento de citar a personas con discapacidad resultaron moneda corriente.
Detrás de esta intervención hay un debate profundo entre la justificación del ajuste –argumentado por el gobierno con cifras de crecimiento exponencial “irregular” de pensiones– y las advertencias de ONG y colectivos sobre la vulneración de derechos consagrados en la Constitución y en convenciones internacionales como la de Naciones Unidas.
Fuente: SaberenSalud.
