Discapacidad en emergencia: prestadores anuncian paro por atrasos en los pagos oficiales
El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa una de sus crisis más delicadas de los últimos años. Las organizaciones nucleadas en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad anunciaron un cese de actividades por tres días ante la falta de pagos y demoras reiteradas por parte del Estado y obras sociales nacionales.
La medida de fuerza fue convocada para mañana y se extenderá también al miércoles y jueves próximos. Según explicaron en conferencia de prensa, el reclamo apunta a los atrasos en los desembolsos de PAMI, el programa Incluir Salud y otras coberturas nacionales, en el marco de la ley 24.901 que regula el sistema de prestaciones básicas.
Desde el sector advierten que la cadena de pagos está interrumpida desde hace meses. En el caso de Incluir Salud —que brinda cobertura a personas que perciben pensiones por discapacidad—, aseguran que muchas instituciones no cobran desde octubre o noviembre. A esto se suma el retraso de PAMI, cuyo último pago, señalaron, corresponde a noviembre. Si bien se anunciaron transferencias inminentes, los prestadores sostienen que la falta de previsibilidad ya generó un fuerte desorden financiero.
El problema no se limita a la mora en los pagos. También denuncian un atraso arancelario cercano al 40%, con aumentos que no compensan la inflación acumulada. En consecuencia, centros de día, hogares, escuelas especiales y servicios de transporte enfrentan dificultades para cubrir salarios, alimentación, mantenimiento y servicios básicos.
Algunas instituciones comenzaron a reducir jornadas o a reorganizar prestaciones. Otras convocaron a las familias para solicitar colaboración ante la imposibilidad de sostener la estructura operativa. El impacto, advierten, recae directamente sobre las personas con discapacidad, muchas de las cuales dependen de apoyos permanentes para su vida cotidiana.
Desde el Gobierno señalaron que se encuentra en marcha un proceso de reorganización administrativa y que se avanzó con pagos atrasados, además de aplicar actualizaciones en los valores de las prestaciones. Sin embargo, el conflicto expone la fragilidad financiera del sistema y abre interrogantes sobre su continuidad si no se regulariza con urgencia el flujo de fondos.
