Crisis en transporte por discapacidad: falta de pagos y riesgo total
El servicio de traslado de personas con discapacidad atraviesa una situación crítica, con un fuerte impacto tanto para los prestadores como para los usuarios. Los transportistas denuncian que, ante los constantes retrasos en los pagos por parte del Ministerio de Salud de la Nación, muchos optan por abandonar la actividad o reconvertirse en repartidores de paquetería para sostener sus ingresos.
Desde Córdoba, Leandro Ator, presidente de una tradicional asociación de transportistas con más de 25 años en el rubro, describe que jamás habían enfrentado una crisis tan grave. Relata que la falta de cobro afecta directamente la operación de sus unidades (con costos de combustible y mantenimiento crecientes y sin remuneraciones acordes), y que ya se percibe una caída dramática de la oferta del servicio.
Según los datos que aporta el sector, aproximadamente el 40 % de quienes brindaban transporte especializado dejaron de hacerlo, una cifra que tiende a aumentar. La demora en los pagos de Incluir Salud, que en varios casos llega a más de 90 días, obliga a muchos prestadores a vender vehículos o reducir su estructura para subsistir.
Este quiebre tiene consecuencias directas sobre miles de personas con discapacidad y sus familias, ya que el transporte adaptado es crucial para acceder a tratamientos, terapias y actividades cotidianas. Los transportistas subrayan que, con al menos la mitad del servicio sin prestarse actualmente, la problemática se traduce en mayores dificultades de acceso y un retroceso en la inclusión.
Organizaciones del sector exigen respuestas urgentes y advierten que la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, junto con la regularización de pagos, es necesaria para evitar la desintegración total del sistema de traslado especializado.
