Con la Ley de Etiquetado Frontal en revisión, crece la alarma en organismos sanitarios
La discusión sobre una posible derogación o flexibilización de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable volvió a instalarse en el centro de la agenda política y sanitaria nacional. La norma, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, fue sancionada en 2021 y estableció la incorporación de octógonos negros en alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, además de restricciones a la publicidad dirigida a niños y adolescentes.
El tema recobró fuerza tras la aparición de iniciativas legislativas y posiciones políticas alineadas con la agenda de desregulación económica impulsada por el Gobierno nacional. Sectores críticos de la ley sostienen que genera sobrecostos para la industria alimenticia, trabas regulatorias y distorsiones comerciales.
Sin embargo, organismos internacionales, sociedades científicas y organizaciones de defensa del consumidor advierten que cualquier retroceso implicaría un fuerte impacto negativo en políticas de prevención sanitaria.
Cuando la ley fue aprobada, UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y la FAO calificaron la sanción como “un día histórico” para el país. En un comunicado conjunto, señalaron que la norma representa “un paso histórico en la protección del derecho a la salud y a una alimentación saludable”, especialmente para niñas, niños y adolescentes.
Los organismos remarcaron además que la medida apunta a enfrentar el crecimiento de enfermedades no transmisibles vinculadas a la mala alimentación, como obesidad, diabetes e hipertensión. Según datos de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2), más del 40% de los niños y adolescentes argentinos presentan sobrepeso u obesidad, mientras que el exceso de peso alcanza al 70% de la población adulta.
UNICEF también sostuvo que la ley beneficia especialmente a los sectores más vulnerables. De acuerdo con el organismo, las familias de menores ingresos registran índices de obesidad superiores a los de mayores recursos y los adolescentes más pobres tienen un riesgo significativamente más alto de padecer obesidad.
Otro de los puntos centrales de la normativa es la regulación de la publicidad de productos ultraprocesados orientada a menores. La ley prohíbe el uso de personajes infantiles, promociones y estrategias de marketing en productos con sellos de advertencia, además de limitar su presencia en entornos escolares.
Especialistas en nutrición consideran que ese aspecto explica parte de la resistencia de la industria alimentaria, ya que afecta herramientas comerciales históricamente utilizadas para posicionar productos dirigidos al público infantil.
Mientras crece el debate político, el futuro de la Ley de Etiquetado Frontal reabre una discusión más profunda sobre el rol del Estado en la protección de la salud pública, el derecho a la información y los límites de la intervención regulatoria frente a los intereses económicos.
