Reorganización del Ministerio de Salud: el Estado centraliza políticas sanitarias y refuerza la atención de discapacidad
El Gobierno nacional oficializó una profunda reorganización de la estructura y funciones del Ministerio de Salud de la Nación con la promulgación del Decreto 27/2026, una medida que busca consolidar el rol rector del Estado sobre el sistema sanitario argentino y mejorar la eficiencia de las políticas públicas en el área.
Una de las transformaciones más destacadas es la integración de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como parte de la estructura central del Ministerio, bajo la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad. Esta área, que hasta ahora funcionaba como organismo descentralizado, pasará a tener rango de Secretaría dentro de la cartera que conduce Mario Lugones, con el objetivo de optimizar la formulación de políticas, unificar criterios y fortalecer el control administrativo y financiero.
La nueva secretaría contará con dos subsecretarías: la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, responsable de diseñar e implementar iniciativas que promuevan la inclusión y el acceso a derechos para personas con discapacidad, y la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos, encargada de la certificación de discapacidad, la regulación de prestaciones y la supervisión de proyectos específicos.
Según fuentes oficiales, esta reestructuración implicó una reducción de casi 46 por ciento en la jerarquía interna del Ministerio de Salud con el propósito de evitar duplicidades, optimizar recursos públicos y reforzar la trazabilidad de expedientes. La redistribución de partidas presupuestarias permitirá destinar más fondos a programas y prestaciones directas.
Además, la reorganización contempla la transferencia del Programa de Cannabis Medicinal a la órbita de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), buscando un enfoque más sanitario y científico de su aplicación, así como la centralización en el Ministerio de funciones clave como la habilitación, registro y fiscalización de establecimientos de salud.
En términos generales, la reforma pretende fortalecer la presencia del Estado en la administración de políticas sanitarias y sociales, con especial atención en discapacidad y prácticas terapéuticas emergentes.