Prepagas bajo la lupa de la Corte: un fallo con peso político y efectos prácticos todavía en duda
La Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían eliminado el control estatal sobre las cuotas de la medicina prepaga. Fue una decisión unánime de Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz, y es la primera vez que el tribunal invalida artículos de ese decreto. Hasta ahora, los planteos contra el DNU habían sido rechazados porque los demandantes no tenían legitimación directa.
El argumento central: Según Clarín, los jueces sostuvieron que invocar una emergencia genérica no alcanza: el Ejecutivo debía justificar la necesidad y urgencia de cada medida. Señalaron que los considerandos del decreto ni siquiera intentan explicar por qué suprimir las facultades de control era imprescindible para enfrentar la crisis. Citaron además el reciente fallo “Cencosud” para recordar que los decretos con contenido legislativo son una excepción rigurosa. El tribunal aclaró que no se pronuncia sobre el resto del DNU, que se analizará caso por caso.
El caso que lo originó: María del Carmen Bobbio demandó a Swiss Medical porque su cuota subió 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según su reclamo, con la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud el aumento habría sido de apenas 6,26%. La Cámara Federal de La Plata le dio la razón, ordenó limitar los ajustes al IPC e instó al Estado a retomar sus funciones. Esa Cámara había advertido que el DNU dejaba a los usuarios expuestos a la cartelización y que el Gobierno pudo incluir el tema en sesiones extraordinarias del Congreso.
Alcances en debate: Algunos medios interpretan que el Estado debe volver a regular las subas; LA NACION, citando al constitucionalista Andrés Gil Domínguez, marca que la sentencia obliga formalmente solo en este caso, aunque sienta un precedente fuerte, con cientos de causas similares en la Corte. Se espera además un nuevo fallo de la Cámara de La Plata que precise los efectos.
Por qué el impacto inmediato sería limitado:Clarín recuerda que, tras el desborde de 2024 y la denuncia de la Superintendencia de Servicios de Salud, hubo un acuerdo judicial con devoluciones en cuotas. Después, las principales prepagas se comprometieron informalmente a ajustar según la última inflación conocida. Por eso, en la práctica, los afiliados no verían un cambio sustancial: lo cuestionado es el mecanismo de decisión, no tanto el nivel actual de aumentos.
La preocupación del sector: La Unión Argentina de Salud expresó “enorme preocupación”, respetó el fallo y pidió diálogo. Su presidente, Hugo Magonza, estima un atraso de 18% frente al IPC desde 2012 (de 45% a 47% frente a los costos de salud) y advierte sobre una nueva ola de litigios. También considera inviable revisar unos 7.000 planes por mes.
Qué viene: La Superintendencia respondió a Clarín que el tema excede su competencia y corresponde a la Casa Rosada, que hasta ahora no se pronunció. Las opciones son acatar, retomar el Índice de Costos de Salud, enviar un proyecto al Congreso o dejar que los reclamos se multipliquen en tribunales.
Fuentes consultadas:
-Clarín
-LA NACION
-Ámbito
-El Litoral
-Diario NDI
-Diario Judicial