PAMI en jaque: provincias denuncian deudas millonarias y hospitales al límite
La crisis financiera del PAMI profundiza la tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores, mientras los sistemas de salud provinciales absorben una demanda creciente de jubilados que no encuentran respuesta en la obra social nacional. El impacto ya se traduce en hospitales saturados, deudas acumuladas y reclamos políticos cada vez más explícitos.
En los últimos días, los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Martín Llaryora (Córdoba) alzaron la voz por los compromisos impagos. Según estimaciones oficiales, el PAMI adeuda a Tucumán unos $50.000 millones y a Córdoba montos que, entre transferencias mensuales y medicamentos de alto costo, superan los $9000 millones solo en relación con municipios. La situación se replica en Neuquén, Santa Fe, Misiones, Mendoza y San Juan.
El problema es estructural: jubilados que no acceden a prestaciones privadas del PAMI terminan siendo atendidos en hospitales públicos. Un relevamiento provincial indica que la demanda creció, en promedio, más de 30%. En Neuquén, dos de cada tres afiliados utilizan el sistema público; en San Juan, el 80% de las cirugías de cadera del Hospital Rawson corresponden a beneficiarios del instituto.
Desde el PAMI aseguran que los pagos “comenzaron a normalizarse” y niegan un escenario crítico. Sin embargo, prestadores privados estiman que la deuda acumulada ronda los $500.000 millones. En paralelo, médicos de cabecera realizaron un paro de 72 horas tras modificaciones en el esquema de remuneración: la cápita subió de $900 a $2100, pero se eliminaron adicionales que elevaban el ingreso a unos $5500.
Datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso muestran que, en el primer trimestre, el gasto real en prestaciones del PAMI cayó 41,3% interanual. Aunque el organismo cuenta con $10,17 billones asignados para 2026 (equivalente al 1% del PBI), especialistas advierten un desfinanciamiento estructural agravado por el envejecimiento poblacional y la eliminación del impuesto PAIS, que aportaba recursos específicos.
En el Congreso se multiplican los pedidos de informes al jefe de Gabinete. Mientras tanto, jubilados denuncian demoras, cupos y copagos crecientes. La discusión de fondo ya no es solo presupuestaria: el desafío es redefinir el modelo de financiamiento y gestión para evitar que el ajuste recaiga, otra vez, sobre los adultos mayores.
