OSFA: el Gobierno define un nuevo esquema de financiamiento para la obra social militar
El Gobierno nacional reglamentó el nuevo régimen administrativo, patrimonial, contable y de control de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), mediante el Decreto 986/2026. La medida fija una contribución patronal del 8% sobre los haberes del personal militar en actividad, los civiles que trabajan en las Fuerzas Armadas y los empleados de la propia obra social.
La norma se enmarca en una reforma iniciada en febrero de 2026, cuando el Gobierno dispuso la disolución de IOSFA y creó dos entidades separadas: OSFA, para las Fuerzas Armadas, y OSFFESEG, para las fuerzas de seguridad federales. El objetivo declarado es dotar a cada área de administración y financiamiento propios, bajo la fiscalización del Ministerio de Defensa.
Sin embargo, la transición no fue lineal. En mayo renunció el primer presidente de OSFA en medio de una profundización de la crisis, apenas semanas después de haber iniciado el traspaso operativo con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La herencia financiera de IOSFA (una deuda estimada entre $200.000 y $241.000 millones), derivó en suspensión de prestaciones, faltantes de medicamentos de alta complejidad y cancelación de internaciones.
En junio, el jefe del Ejército, teniente general Oscar Santiago Zarich, reconoció públicamente la gravedad del problema y confirmó una intervención directa sobre áreas de la obra social junto con Defensa, la Armada y la Fuerza Aérea. Ese mismo período coincidió con un recorte presupuestario del 2,6% para Defensa, cercano a los $48.900 millones, que según fuentes castrenses afectó directamente el financiamiento de la cobertura médica militar.
En agosto, a seis meses de la disolución de IOSFA, relevamientos periodísticos mostraban que OSFA todavía no tenía un convenio propio con una prestadora privada (a diferencia de OSFFESEG, que ya opera con Medicus para 197.000 afiliados), y seguía dependiendo de un acuerdo transitorio con el propio IOSFA en liquidación, lo que generó cuestionamientos sobre si la nueva estructura terminó apoyándose en el organismo que originó la crisis. Más de 500.000 beneficiarios permanecían en un proceso de reforma con ritmos desparejos entre ambas ramas.
Frente a ese panorama, desde el oficialismo atribuyeron las dificultades a irregularidades previas en el esquema de aportes. La fijación del 8% patronal, sumada a una Unidad de Auditoría Interna dependiente de SIGEN y a mayores atribuciones para el Directorio de OSFA, busca dar previsibilidad financiera.
El desafío pendiente es que este nuevo esquema logre sostener las prestaciones y ordenar las deudas acumuladas, en un proceso que la propia conducción castrense reconoció como todavía incompleto.
