Medicamentos, marcas y costos: por qué es urgente activar la ANEFiTS para ordenar el sistema
La discusión por la prescripción de medicamentos volvió a tensar la relación entre médicos, financiadores y laboratorios. En el centro del debate aparece una práctica que impacta directamente en el bolsillo de los pacientes y en la sustentabilidad del sistema: la negativa de algunos profesionales a indicar biosimilares o copias más económicas cuando su eficacia y seguridad resultan comparables a las del producto original.
Según datos del sector financiador, alrededor del 20% de los médicos rechazaría, en promedio, reemplazar la droga innovadora por su versión biosimilar, incluso sin argumentos documentados vinculados a eventos adversos o menor efectividad. Los profesionales, por su parte, relativizan esa cifra y sostienen que su deber es ofrecer la mejor opción terapéutica disponible, independientemente del costo que deba afrontar la prepaga o la obra social.
El problema no es menor. En patologías como esclerosis múltiple, oncología, oncohematología o reumatología, la brecha de precios puede ser abismal: tratamientos mensuales que rondan los 50 mil pesos en su versión local pueden escalar a varios millones en su presentación original importada. En un sistema con recursos limitados, cada decisión individual tiene consecuencias colectivas.
La ausencia operativa de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), anunciada en marzo de 2025 pero aún no implementada, agrava este escenario. Sin un organismo técnico, independiente y transparente que evalúe costo-efectividad, impacto presupuestario y valor terapéutico agregado, las decisiones quedan libradas a la puja entre actores o, en última instancia, a la judicialización. Hoy, el 10% de los amparos en salud responde a reclamos por marcas específicas.
La puesta en funcionamiento de la ANEFiTS permitiría establecer criterios objetivos para definir qué medicamentos deben financiarse, a qué precio y bajo qué condiciones. Además, dotaría de respaldo técnico a jueces y financiadores, reduciría litigios y contribuiría a una asignación más equitativa de recursos escasos.
En un contexto de reformas en materia de patentes y presiones internacionales, contar con una agencia sólida de evaluación no es un detalle administrativo: es una herramienta estratégica para equilibrar innovación, acceso y sostenibilidad. Sin esa instancia, el sistema seguirá oscilando entre intereses contrapuestos, con costos crecientes y reglas poco claras.
