Mediación 2.0: el Gobierno actualiza la reglamentación general y avanza con un modelo para el ámbito de la salud
La reciente actualización de la reglamentación de la Ley 26.589 de Mediación Prejudicial Obligatoria, publicada por el Ministerio de Justicia, marca un punto de inflexión en la política de resolución alternativa de conflictos en Argentina. El nuevo marco -que reemplaza la norma de 2011- introduce herramientas digitales, refuerza la transparencia y define nuevas sanciones para quienes incumplan las reglas del proceso. En paralelo, el Ejecutivo implementó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), un esquema especializado que busca descomprimir los tribunales frente al creciente volumen de litigios sanitarios.
Ambas iniciativas comparten el objetivo de reducir la judicialización y promover acuerdos tempranos, pero difieren en su alcance y en el nivel de especialización requerido. Mientras la reglamentación general apunta a todo tipo de conflictos civiles y comerciales, PROMESA se centra exclusivamente en reclamos vinculados con el derecho a la salud -desde la cobertura médica hasta tratamientos o medicamentos-, donde la sensibilidad de los casos exige una intervención más técnica y humana.
El nuevo régimen general establece que las audiencias podrán realizarse por videoconferencia, refuerza la confidencialidad y crea un Sistema Informatizado de Gestión Integral para acreditar cada etapa con firmas digitales. También fija criterios para la designación de mediadores, los honorarios y las sanciones por inasistencias injustificadas. En tanto, PROMESA incorpora mediadores con formación en bioética, medicina y legislación sanitaria, y prevé una instancia gratuita para personas en situación de vulnerabilidad, gestionada de manera digital a través de la plataforma TAD.
Ambos procedimientos subrayan la importancia del acceso equitativo y la transparencia, aunque en salud se agrega un componente social y preventivo: resolver antes de que un conflicto se convierta en un reclamo judicial que, por sus demoras, puede afectar derechos fundamentales.
La coexistencia de estas dos regulaciones consolida un nuevo paradigma: la mediación 2.0, más ágil, digital y especializada, que combina tecnología, capacitación y sensibilidad social como pilares de una justicia más cercana y eficiente.
Fuente: SaberenSalud.
