Maternidad subrogada en debate doctrinario: entre vacío legal e inseguridad jurídica
La doctrina jurídica continúa abordando la gestación por sustitución (o maternidad subrogada) como una práctica controvertida que confronta derechos, ética y regulación jurídica. Desde la Sala Primera del Tribunal Supremo español, se sostiene que inmiscuir a un tercero en el proceso reproductivo desvirtúa el propósito del matrimonio, reflejando una visión doctrinal crítica hacia estas figuras.
En Argentina, la maternidad subrogada opera en un limbo jurídico. Aunque no está expresamente prohibida, carece de una regulación específica, lo que genera una situación de profunda inseguridad legal para quienes desean recurrir a esta práctica o para quienes actúan como gestantes.
El Código Civil y Comercial (CCC), vigente desde 2015, establece que la filiación se determina por el parto: “son hijos de quien dio a luz”. Por ello, los contratos de subrogación son considerados nulos de pleno derecho, ya que su objeto atenta contra la dignidad humana y normas de orden público. Al mismo tiempo, la falta de regulación abre la puerta a interpretaciones judiciales diversas en cada caso concreto.
En la práctica, existen fallos judiciales favorables: la jurisprudencia ha reconocido situaciones en las que la filiación de los padres intencionales (cuando aportaron gametos) fue aceptada judicialmente, sobre todo cuando la gestante no aporta material genético. También se han utilizado herramientas como impugnaciones de maternidad, reconocimientos voluntarios o autorizaciones judiciales previas. Una disposición específica en la Ciudad de Buenos Aires incluso permite inscribir directamente al menor a nombre de los padres comitentes.
A nivel social y mediático han emergido casos sensibles que evidencian los riesgos: desde bebés casi “exportados” sin papeles, hasta sospechas de explotación y redes de “turismo reproductivo” que se aprovechan del vacío legal.
Expertos, legisladores y sectores jurídicos coinciden en que esta situación urgentemente requiere una regulación clara que establezca requisitos, protecciones para la gestante y el menor, y un marco de seguridad jurídica.
