IOMA: Crece la crisis prestacional y la presión judicial mientras Kicillof sostiene a su cúpula
La obra social bonaerense, que asiste a más de dos millones de afiliados, enfrenta una tormenta de denuncias por falta de pagos y servicios suspendidos. Pese a las acusaciones de «colapso sanitario», la Gobernación ratifica a Homero Giles y responsabiliza a las políticas nacionales por el desfinanciamiento.
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) se encuentra en el centro de una creciente disputa política y judicial. Bajo la conducción de Homero Giles, dirigente de La Cámpora, la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario crítico marcado por la interrupción de prestaciones básicas, deudas millonarias con hospitales y una ofensiva opositora que busca declarar la emergencia sanitaria del organismo.
A pesar de que las quejas por la suspensión de cirugías, la falta de insumos para pacientes crónicos y los retrasos en los pagos a anestesiólogos y farmacéuticos son constantes, el gobernador Axel Kicillof ha decidido mantener un respaldo incondicional a la actual gestión. Desde la Gobernación, la estrategia de defensa es clara: el deterioro del servicio no es una falla de gestión local, sino una consecuencia directa de la desregulación económica impuesta por el gobierno de Javier Milei.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, fue contundente al respecto: “El problema no es el IOMA, es el sistema de salud de la Argentina tras la liberación de los precios de medicamentos”. Según la Provincia, el encarecimiento de los tratamientos y el retiro de financiamiento nacional han asfixiado las arcas del instituto, que este año cuenta con un presupuesto superior a los 2,4 billones de pesos.
Sin embargo, la presión no solo es retórica. En el ámbito judicial, se investiga a Giles y al propio Kicillof por presunta administración fraudulenta y malversación de fondos, tras una denuncia que califica la situación como un «colapso sanitario». Paralelamente, en varios municipios ha comenzado a ganar terreno el debate sobre la «libertad de elección», buscando derogar la obligatoriedad de los empleados públicos de aportar al IOMA para que puedan derivar sus recursos a otras prestadoras.
Con más de dos millones de afiliados rehenes de esta interna, el IOMA se consolida como el principal foco de conflicto de la administración provincial, donde la crisis de las prestaciones médicas choca frontalmente con la resistencia política del gobierno bonaerense.
