Informe advierte sobre el impacto del ajuste del Gobierno en el Sistema de Salud
A dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, el sistema de salud argentino muestra señales de deterioro profundo como consecuencia de un ajuste sostenido del gasto público, la reducción de programas nacionales y la pérdida de capacidad operativa del Estado, según un informe elaborado por el espacio Soberanía Sanitaria y datos oficiales relevados por organismos especializados.
El estudio señala que entre 2023 y 2025 el presupuesto del Ministerio de Salud sufrió una fuerte caída en términos reales, con recortes que afectaron de manera directa a hospitales nacionales, políticas de prevención y programas de cobertura destinados a los sectores más vulnerables. Esta dinámica, advierten, se inscribe en una estrategia de retiro del Estado del rol de rector del sistema sanitario.
Hospitales emblemáticos como el Posadas, el Sommer o el Hospital Nacional de Salud Mental registraron reducciones significativas en sus partidas, lo que impactó en la compra de insumos, el mantenimiento edilicio y la atención cotidiana. A esto se suma la paralización o subejecución de líneas clave como el programa SUMAR, orientado a garantizar atención básica a personas sin obra social.
El informe de Soberanía Sanitaria también pone el foco en el acceso a medicamentos, donde se verificó una retracción en la provisión de fármacos esenciales y tratamientos de alto costo. En el caso del PAMI, los cambios en los esquemas de cobertura implicaron un aumento del gasto de bolsillo para jubilados y pensionados, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo.
Otro de los puntos críticos señalados es la desarticulación de políticas de salud sexual y reproductiva, con una caída en la distribución de preservativos y anticonceptivos, mientras se registran incrementos en infecciones de transmisión sexual. A la par, se advierte sobre el debilitamiento de la formación de profesionales, con modificaciones en el sistema de residencias y condiciones laborales más precarias.
Desde la organización concluyen que el ajuste no solo es presupuestario, sino también institucional: la transferencia de responsabilidades a las provincias, sin recursos suficientes, profundiza las desigualdades territoriales y pone en riesgo la capacidad del sistema para garantizar el derecho a la salud en todo el país.
